Vive en un palacio en el que dispone de unos mil metros cuadrados para su residencia particular, veinte veces mayor que el apartamento de cincuenta metros que ha elegido el Papa Francisco en la Casa Santa Marta. Recibe de la Conferencia Episcopal un sueldo mensual de 1.200 euros al mes. Gasta una media de 2.000 a 3.000 euros mensuales con la Visa oro que corre a cargo de la diócesis. Tiene todos los gastos cubiertos y unos ‘extras’ que suponen más de 180.000 euros al año sin contar los costes disparatados de los centros de estudio y las sociedades limitadas que ha creado, ni los gastos de la Curia (la oficina administrativa de apoyo al arzobispo) ni las nóminas de la ‘legión’ de seglares del movimiento ultraconservador Comunión y Liberación que ha colocado.
Javier Martínez, el arzobispo de Granada, no es el mejor ejemplo de la “Iglesia pobre y para los pobres”. Coche con chófer, secretarias, servicio doméstico, cocinera… Nada que ver con la “austeridad y humildad” que pide el Pontífice para los discípulos de Pedro. Ni con el personal que tenía a su servicio su antecesor en el cargo, el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares: un secretario que era sacerdote y una asistenta a media jornada.
Sueldo y Visa oro aparte, el arzobispo percibe unas retribuciones en especie que llegan a ser escandalosas. Utilización de vivienda y vehículo, manutención, viajes, teléfono, gastos de libre disposición… forman parte del salario en especie por las que cualquier mortal tendría que tributar en su declaración de la renta. ¿Lo hace el arzobispo? Javier Martínez está por encima del mínimo exento de la declaración de la renta con los ingresos salariales que recibe de la Conferencia Episcopal (1.200 euros al mes) y el complemento que cobra de la diócesis (8.893 euros al año). Que incluya en su declaración los pagos directos de consumos, bienes y servicios que carga a la diócesis es otra historia.
En el año 2009, en plena crisis económica y financiera, los gastos del arzobispo le costaron a la diócesis 183.167,13 euros. Sus desplazamientos, consumo de teléfono, gastos de representación y complementos de retribución y libre disposición supusieron 29.000 euros. Sus dos secretarias costaron 91.621 euros (incluyendo sus nóminas y seguridad social) y los gastos de la residencia arzobispal (funcionamiento, teléfono, personal seglar y prima de seguro), 60.543 euros, sin incluir consumos de calefacción o servicio de limpieza, que se cargaban en el capítulo de gastos generales.
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