Los casos de religiosos españoles condenados en este siglo por abuso de menores no exceden de la docena. Algunos merecieron sentencia firme del Tribunal Supremo. El relato de los hechos que documentan las diligencias no se diferencia demasiado de un suceso a otro: el clérigo ejerce un liderazgo moral en el entorno del menor y aprovecha ese privilegio para disponer lo que es bueno y malo en la intimidad del adolescente. Es, entonces, cuando el abusador, disfrazado de cura, párroco, preceptor, confesor, profesor, dicta que es conveniente el sexo, cualquier tipo, por sórdido que pueda parecer, por humillante que resulte, cuando se hace “en nombre del Señor”. En su redactado, los autos judiciales también concuerdan la condena en vida que sufren las víctimas: un futuro de silencio, vergüenza y horror. El infierno.
Los procesos también tuvieron otra característica común: la nula colaboración de las autoridades eclesiásticas, su predisposición a favor del culpable, las declaraciones exculpatorias de algunos portavoces, la excusatio, el reproche a los divulgadores que intentan “silenciar a Dios en la sociedad” (obispo Cañizares) o no quieren ver que el religioso abusador no es sino víctima de adolescentes provocadores: “Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan” (Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, en 2007). José Martín de la Peña fue condenado en 2003 por abusar de una menor: “Esa chica me quería mucho”, dijo a EL PAÍS en una conversación en 2010. “La madre era otra cosa, y eso que la ayudé a pagar el piso. La madre me dijo que le habría gustado tener un hijo conmigo si fuera tan inteligente como yo. Cuando era joven me dieron un consejo: hay que ganarse a las madres”. Martín de la Peña ejerció de capellán en la cárcel y a su salida de prisión disfrutó de un piso cedido por la diócesis de Alcalá. La Iglesia española nunca condenó a los culpables en público. Ningún obispo ha dimitido en España por pederastia en su diócesis, al contrario que en Alemania, Bélgica, Irlanda y Estados Unidos.
Así que en el caso de Granada, donde la policía investiga ahora los abusos cometidos años atrás por Los Romanones, un grupo de religiosos que abusaban de menores y se comportaban como una secta, no hay diferencia de otros sucedidos en España (el obispo ni condena ni dimite), salvo por un pequeño gran detalle: el papa Francisco se ha interesado personalmente por el caso y ha motivado que una de las víctimas dé un paso al frente y denuncie en comisaría.
Al “silencio inmoral” de la Iglesia (como lo calificó el teólogo Juan Masiá) hay que añadir otro reproche moral: la falta de rechazo en los entornos familiares y sociales de las víctimas. Hubo recogida de firmas en Córdoba en favor del clérigo condenado José Domingo Rey Godoy, hubo “desprecio y hasta actitud insultante y conminatoria de una parte de la vecindad” (dice la sentencia del Supremo en 2004) antes y durante el juicio a Edelmiro Rial Fernández, condenado por 12 delitos de abusos sexuales.
Un pederasta abusa de menores en Ciudad Lineal, causa un estado de pánico entre la población de Madrid y un despliegue policial sin precedentes. Pero cuando Los Romanones actuaron en Granada durante años en el nombre del Señor, el silencio inmoral les protegió. Y nadie se habría movido ahora de no haber mediado la voluntad papal.
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