miércoles, 27 de noviembre de 2019

EL PSOE OCULTA 30.000 INMATRICULACIONES

Tomado de elpais.com

El Consejo de Transparencia dictaminó en septiembre que el Gobierno debía hacer público el listado de más de 30.000 inmuebles que la Iglesia española ha inmatriculado desde 1998. Una relación de catedrales, ermitas, casas parroquiales, casas de maestro, fuentes o plazas que está elaborada y en poder del Ministerio de Justicia desde hace casi dos años. Pero Justicia desoyó a este organismo y en lugar de entregar el listado que solicitó en virtud de la Ley de Transparencia, ha decidido acudir a los tribunales para seguir manteniendo ocultas esas propiedades. Justicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Transparencia, que ya ha sido admitido a trámite.

La lista de inmatriculaciones —inmatricular es registrar un bien por primera vez, en jerga administrativa— fue elaborada en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que presentó el PSOE estando en la oposición en abril de 2017 y que se aprobó con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Aquel texto instaba al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a preparar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la ley hipotecaria.

Las inmatriculaciones son muy polémicas porque hasta hace cuatro años la Iglesia podía inscribir inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. Esto se lo permitía primero un reglamento franquista de 1947 —que excluía la posibilidad de inmatricular centros de culto— y posteriormente la reforma de la ley hipotecaria que eliminó esa excepción. La publicación del listado abriría la puerta a que los afectados por inmatriculaciones irregulares, especialmente los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles. El propio Gobierno anunció en verano de 2018 que, tras la publicación, iniciaría un proceso de impugnación de los “bienes de dominio público” incorrectamente inscritos a nombre de la Iglesia. De momento, nada de eso ha sucedido porque el documento sigue en un cajón del ministerio desde febrero de 2018.

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