LADRONES CON ALZACUELLOS

Tomado de publico.es

Navarra es la única comunidad de España que se ha tomado en serio la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tiene una ventaja respecto al resto del país: cuenta con un inventario pormenorizado de bienes comunales pertenecientes a los municipios. Y además dispone de una ley específica que los protege como terrenos de dominio público. Tras 14 meses de trabajo, la Consejería de Desarrollo Rural ha logrado identificar documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplona. Y este tipo de fincas, al igual que las de dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir: si se demuestra fehacientemente su naturaleza comunal, la Iglesia se habría apropiado de parcelas públicas y estaría obligada a devolverlas.

Pero hay más. En un primer rastreo, la Consejería navarra calcula que la cifra final de bienes comunales inscritos por el Arzobispado puede superar los 1.700. Si se confirma el dato, estaríamos hablando del mayor volumen de fincas públicas registradas por la Iglesia desde que estalló el escándalo de las inmatriculaciones hace ya casi veinte años. El hecho confirmaría los peores presagios de las organizaciones patrimonialistas que denuncian la "apropiación masiva" por parte de la jerarquía católica de terrenos y edificios en toda España.

Este es el primer paquete de bienes revisados por el Gobierno foral de un total de 2.952 fincas inmatriculadas por la Iglesia en Navarra. La Consejería ya habría contactado con el Arzobispado para intentar llegar a un acuerdo de devolución amistoso, pero el prelado no parece dispuesto a restituir los bienes indebidamente inmatriculados, según admitió Desarrollo Rural en la reunión de abril. El propio Francisco Roselló ha declarado públicamente en varias ocasiones que su diócesis solo devolverá los terrenos comunales "si la Justicia lo determina".

La inmatriculación episcopal de cientos o miles de bienes comunales ha sido posible, en opinión de Guzmán, debido a la "situación privilegiada" de la que ha gozado la Iglesia en España, pese al Estado aconfesional que definió la Constitución. “Realmente no tenemos un Estado laico y por eso la Iglesia, en colaboración con las instituciones, ha podido cometer este tipo de desmanes",