La Fundación Altius España, piedra fundamental en el andamiaje de Legionarios de Cristo, grupo ultracatólico con una historia marcada por la pederastia de su fundador y algunos seguidores, ha recibido un espaldarazo económico del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En los últimos seis meses, tres consejerías del Ejecutivo madrileño han concedido a Altius 13 subvenciones cuya suma asciende a 3,3 millones de euros según datos oficiales.
Constituida en 2002 por los Legionarios, propietarios de colegios privados de élite que llegan a aplicar tarifas de casi 1.000 euros al mes por alumno, Altius fue “penalizada” hace un año por “falta grave” al incumplir un contrato de 523.739 euros que, con dinero de la estricta UE, le había adjudicado la Comunidad de Madrid para la acogida, formación, acompañamiento e inserción laboral de ciudadanos vulnerables “afectados por desempleo intensificado por la pandemia”.
La mayor benefactora de Altius en el último semestre ha sido la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que le ha otorgado 1.541.183 euros a través de cinco subvenciones. Le sigue la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (1.435.356 euros). Y completa la tríada la Consejería de Digitalización (324.900 euros). La imposición de una “penalidad” de 15.712 euros –recorte en el importe a pagar al contratista– por falta grave había sido dictada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en abril de 2024.
La penalización por incumplimiento de contrato público no cierra legalmente la puerta a posteriores subvenciones. Pero, por supuesto, tampoco la abre para que tales ayudas se disparen en una comunidad cuya presidenta criticó hace un mes a los “aprovechados de última generación con conexiones bolivarianas” que vienen para “vivir de lo público”. Según Ayuso, debe haber “subvenciones para quien no puede, y no para el que no quiere”.
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