La intervención (en un sentido bastante amplio, que incluye el cuasisinónimo “injerencia” o “intromisión”) del papa León XIV el pasado 8 de junio ha hecho correr ríos de tinta, como no podría ser de otro modo. En algunos textos se defiende su presencia en el Parlamento por ser jefe de un estado. En otros, se rechaza por su condición de jefe de una secta religiosa que no pinta nada en el lugar de la soberanía popular. La duda la despejó el propio León XIV al principio de su discurso cuando dijo en las primeras líneas: «Vengo ante todos ustedes como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica, consciente de que la misión confiada al Sucesor del apóstol Pedro…». De manera que es excesivo admitir su presencia en el lugar por excelencia de la representación democrática, donde no cabe que un sacerdote, por muy obispo, cardenal, arzobispo o papa que sea, se dirija a los representantes de la soberanía popular. Por supuesto, un líder religioso puede dirigirse a sus fieles en otros lugares más adecuados, en este país hay libertad religiosa total, incluyendo la ocupación de espacios públicos, a veces abusiva, que incluye cortes de calles y diversas incomodidades para los ciudadanos en épocas como la semana santa o numerosas festividades.
En todo caso, aquellos que esgrimen el derecho de un jefe de estado a dirigirse a nuestros representantes democráticos no pueden ignorar que se trata de un estado teocrático muy alejado de las pautas democráticas, donde las mujeres no pintan nada o muy poco (labores auxiliares), donde no cabe hablar de derechos equiparables a una democracia, donde, tras la invocación de lo mal que trata Europa a los inmigrantes, el Vaticano no está para dar ejemplo en esa materia (¿qué trato da a inmigrantes… es más, ¿hay inmigrantes en El Vaticano?). Un estado ridículo en términos cuantitativos, por extensión, número de habitantes (que no son ciudadanos, sino trabajadores o personal religioso) y cualquier otro aspecto en términos políticos. Un estado que no ha firmado algunos de los tratados internacionales de las Naciones Unidas y por tanto está bastante alejado de los parámetros democráticos exigibles hoy día.
Las cifras de creyentes auténticos en nuestro país (o sea, practicantes de la religión católica, no aquellos que siguen por inercia una tradición que no se cuestionan) no son para tirar cohetes, es una minoría que no llega al 20%, y a uno le parece incuestionable que un líder religioso se dirija a sus seguidores en sus espacios, de los que no carece precisamente la Iglesia católica, que es un imperio inmobiliario gracias a la bicoca de las inmatriculaciones. Incluso puede admitirse que se dirija puntualmente en espacios públicos, como cualquier otro colectivo y con los permisos necesarios. Pero dirigirse a todo el país, gracias a la cobertura masiva de unos medios de comunicación domesticados colaborando con una causa que no es general, en un espacio que representa a toda la ciudadanía -mayoritariamente no creyente-, hablando contra derechos aprobados democráticamente, como el aborto, el divorcio o la eutanasia, pasa todas las líneas.
Incluso admitiendo por estrambóticas razones ese discurso en un lugar inadecuado, con contenidos anticonstitucionales, etc., rematarlo con nada menos que siete minutos de aplausos no puede generar más que vergüenza para ciudadanos creyentes o no creyentes. Admitiendo (es mucho admitir) la pronunciación del discurso en tal lugar inadecuado, podría llegar a aceptarse un aplauso de unos segundos o un minuto por cortesía, pero llegar a siete minutos de aplauso cuando prácticamente todas las fuerzas están en desacuerdo con algunas de las principales ideas expresadas, no puede calificarse más que de una inmensa hipocresía por parte de la totalidad de los asistentes al discurso. Vergüenza ajena es lo que uno sintió ante esta reedición de un “Bienvenido, míster Marshall” superado en ridiculez siete décadas después. Un país democrático secularizado puesto de rodillas ante un líder religioso jefe de un estado teocrático y con todos los altavoces del país puestos a su disposición, todo un espectáculo. Menos mal que España es un país aconfesional (art. 16.3 C.E.).
