martes, 2 de junio de 2026

LOS CÓMPLICES

Tomado de elpais.com

Las víctimas sabían que se enfrentaban a un gigante cuando interpusieron sus denuncias en los tribunales bolivianos de Cochabamba. La Compañía de Jesús es una de las instituciones más poderosas del país latinoamericano y con los suficientes recursos como para pagar los mejores abogados. La verdad, pensó Edwin Alvarado cuando pisó por primera vez los juzgados en mayo de 2023, estaba de su lado. Pocas semanas antes, EL PAÍS había publicado un reportaje de investigación que revelaba que el ya fallecido misionero español Alfonso Pedrajas había dejado un diario donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Cochabamba y cómo sus superiores lo habían protegido. Pedrajas, conocido como Padre Pica, era el pederasta que agredió a Alvarado en 1984, cuando estudiaba en el internado Juan XXIII. Su denuncia se sumó a más de una decena de otros afectados y a varios legajos de pruebas que aportaron, entre ellas la investigación de este periódico. El procedimiento se alargó dos años, con altibajos por las dificultades de las víctimas para pagar un abogado, pero con un resultado feliz: la justicia condenó a un año de cárcel a dos de los altos cargos que protegieron a Pedrajas, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. El entusiasmo duró poco, pues la Compañía recurrió y los afectados temieron que una dilatación del procedimiento sería imposible de costear. Afortunadamente para ellos, el estudio del recurso ha durado siete meses y los jueces han ratificado la condena con contundencia: “Estos delitos son de lesa humanidad”.

El escrito, firmado este jueves por el presidente y los vocales de la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señala que “los acusados encubrieron hechos de violación y abuso sexual, concluyendo que el Colegio Juan XXIII y la Compañía de Jesús de Bolivia no actuaron en el marco de su posición garante y las obligaciones de proteger los derechos de los niños. Al contrario, vulneraron los mismos al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir la violencia, para investigarla, repararla y sancionar a las víctimas”.

A la pena de cárcel, este mismo tribunal ratifica que la Compañía deberá pagar la “reparación de daños civiles a favor de las víctimas”. Del mismo modo, avala que se se remita a la Fiscalía boliviana una docena de otros casos de pederastia clerical que han emergido durante el proceso, en el que también hay indicios de encubrimiento, para que los investigue y “si corresponde o no abrir causa contra los mismos”. La resolución es histórica, pues es la primera vez que un tribunal condena a dos altos cargos eclesiásticos por encubrir un caso en el que el pederasta ha muerto antes de ser juzgado y cuando los delitos de abusos están prescritos.

Los nombres de pederastas en Bolivia destapados por este diario son una docena, como Chesco Peris, el arzobispo español en Bolivia Alejandro Mestre o Lucho Roma. Este último, al igual que Pedrajas, escribió un diario (conocidos como Los Manuscritos de Charagua) donde relataba como agredió sexualmente y fotografió a más de 70 niñas guaraníes en el poblado de Charagua a finales de los 90. En este caso, los jesuitas investigaron el caso ―el jesuita, aún vivo, lo confesó todo― pero acabaron guardando el informe en un cajón para tapar el escándalo.

Los magistrados han insistido de ello en la sentencia: “Marcos Recolons y Ramón Alaix Busquets, al ser parte de la Compañía de Jesús, no solo encubrieron hechos del pederasta, sino otros hechos de abuso sexual, que solo ponían en conocimiento de su máxima autoridad, que era el padre general de Roma, Peter Hans Kovenbach. Demostrándose así una estructura de encubrimiento que, efectivamente, Alfonso Pedrajas relata en su diario”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes tiene juicios contra otros tres provinciales (entre los que se encuentra el actual, Bernardo Mercado), ya imputados por encubrir otros casos de pederastia. Además, dos nuevas víctimas han denunciado recientemente a Lucho Roma y la asociación espera que otras más lo hagan próximamente y contra Chesco Peris. Estos diferentes hilos se entrecruzan entre sí y forman ese gigante de mimbre al que se siguen enfrentando las víctimas de pederastia clerical del país latinoamericano.

domingo, 31 de mayo de 2026

sábado, 30 de mayo de 2026

DIOS TODOPODEROSO


viernes, 29 de mayo de 2026

CIENCIA Y RELIGIÓN


jueves, 28 de mayo de 2026

EL ROTO EN ELPAIS


miércoles, 27 de mayo de 2026

GILIPOLLAS DEL AÑO

Tomado de eldiario.es

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia. No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

martes, 26 de mayo de 2026

Y OS LO VAN A AGRADECER

Tomado de eldiario.es

Era una petición buscada, desde hace semanas, por los organizadores, y ahora se hace realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de la visita de León XIV a España como “evento de especial interés público”, lo que supone beneficios fiscales de hasta el 90% a quienes participen del evento.

El acuerdo, que se oficializará a lo largo del día, permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores de la visita del pontífice. Esta declaración, prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia, ya fue utilizada durante la última visita de un pontífice a nuestro país: la visita de Benedicto XVI a la JMJ, y pone de manifiesto la buena disposición de la Administración pública con este viaje. El anuncio se produce a pocas horas de que Pedro Sánchez mantenga un encuentro en el Vaticano con León XIV.

En el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también compartirá un informe que detalla el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito. En total, el Ministerio ha coordinado más de 80 reuniones en torno a tres grupos de trabajo: uno con el comité organizador de la Conferencia Episcopal Española y el propio Ministerio; otro con representantes de los principales ministerios implicados (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior, Transportes y Movilidad Sostenible, la Secretaría de Estado de Comunicación, y la Secretaría General y el Gabinete del Presidente del Gobierno) y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas en las que se va a desarrollar la visita y un tercer grupo con responsables autonómicos y locales. Además, se han celebrado reuniones temáticas en ámbitos como la seguridad, la movilidad o la comunicación.

Fuentes gubernamentales señalan que el viaje de León XIV a España se produce tras la culminación de cinco acuerdos históricos entre el Gobierno y la Iglesia católica: la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.