sábado, 24 de julio de 2021

PELAMINGAS

Tomado de elpais.com
 
Los maristas se han visto obligados a emprender una investigación interna de abusos de menores en el pasado que ya llega a 20 colegios de toda España, desde los años cincuenta hasta los noventa. Parte de testimonios contra 22 maristas y un seglar recabados por EL PAÍS, que ha verificado la información y la ha entregado a los maristas. La congregación, tras examinar su verosimilitud, ha comenzado a investigarlos, según ha confirmado a este periódico. La orden indagaba ya desde junio en cuatro colegios de Galicia, tras publicar este diario denuncias contra 13 religiosos, pero las acusaciones ahora se extienden a otros 16 centros más en toda la península. Hay al menos 18 víctimas contabilizadas por este diario. Los nuevos episodios se sitúan en León ―hay cinco acusados en un solo colegio―, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Bilbao, Erandio (Bizkaia), Artziniega (Álava), Pamplona, Toledo, Badajoz, Málaga, Murcia y Elche. Abusos durante las clases, en aulas vacías, en los dormitorios de los internados. Del entrenador de baloncesto, el enfermero, el tutor o el sacerdote que prepara para la comunión. Profesores con fama conocida durante años, como el hermano Esteban Villalba, en Bilbao y Erandio (Bizkaia), apodado El Pelamingas. Protestas de padres y quejas de los alumnos que no servían de nada, si acaso solo para un traslado a otro centro. Los testimonios son de personas de hasta 74 años —médicos, profesores, empresarios...— que han guardado el secreto toda su vida. Algunos aún no se lo han contado ni a su familia.

En los últimos años habían salido a la luz 36 casos de maristas acusados, la mayoría en Cataluña, donde la orden pactó el pasado mes de diciembre una indemnización sin precedentes en España de 400.000 euros con 25 familias, por abusos de al menos 18 hermanos. La investigación de EL PAÍS dobla los casos conocidos hasta ahora y eleva ya el total a 71, localizados en 29 colegios (y un centro de colonias) de los 54 que posee la congregación en España. Es decir, en más de la mitad de los centros de esta orden hay acusaciones de pederastia. Hasta ahora solo los jesuitas habían realizado una mínima investigación interna, que el pasado enero admitió 81 víctimas desde 1927, aunque no dio nombres ni especificó el lugar de los hechos. De este modo, el total de los casos de abusos conocidos en la Iglesia española asciende a 353, con al menos 877 víctimas, según la contabilidad que lleva EL PAÍS ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, que se sigue negando a investigarlo.

Los maristas piden perdón a las víctimas y se ponen a su disposición a través de los correos electrónicos que cada una de sus cuatro provincias tiene para denunciar abusos, pues cada una investigará los casos que le corresponden. “Ante cualquier tipo de abuso o maltrato que se haya podido producir en nuestros centros, pedimos perdón a las víctimas por haberles fallado y no haber sido capaces de protegerlas y cuidarlas. Además, condenamos enérgicamente estos hechos, que nos entristecen y lamentamos profundamente, sean de donde sean y de cuando sean”, señala uno de los comunicados, todos de parecidos términos.

Sin embargo los maristas se han negado a dar información sobre los casos y el historial de los acusados, incluso algunas provincias ni siquiera aclaran si han fallecido o no. Alegan que se lo impide la ley de protección de datos. Es más, la provincia catalana afirma que no tomará medidas y admite que, en realidad, no ha investigado ninguno de los casos que ha conocido hasta ahora, a pesar de que los maristas de Cataluña han sido el mayor foco de casos de abusos conocido en España. Esta provincia asegura que hasta ahora ha denunciado los casos a las autoridades y que la comisión que creó en 2020 solo se ha centrado en escuchar a las víctimas y pactar compensaciones. No obstante, esta política desobedece al Papa y sus instrucciones sobre cómo abordar los abusos, que siempre deben investigarse. Al margen del acompañamiento a las víctimas, se debe abrir un proceso eclesiástico, según el canon 1717 del código de derecho canónico. Lo precisa aún más para las órdenes religiosas el canon 695. Por otro lado, el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, actualizado en 2010, ordena informar de inmediato al Vaticano. Los maristas catalanes admiten que no han hecho nada de esto. Preguntada al respecto, la provincia solo responde que “como instituto religioso laical y de derecho pontificio nos ajustamos a lo prescrito por el Derecho canónico”.

El colegio donde han aflorado más casos es el de San José, en León. Están siendo investigados cinco hermanos maristas. El escritor Luis González, de 69 años, cuenta que el hermano Isidro abusó de él en dos ocasiones en el curso de 1965 a 1966. “Me pedía que me quedara después de las clases con la excusa de repasar la lección y me pedía que me acercara a su mesa para leer cerca de él. Entonces, comenzaba a tocarme”, relata. Poco después, descubrió que el religioso también hacía lo mismo con dos compañeros suyos. “No fuimos capaces de denunciar en su momento. Hubiésemos cometido un sacrilegio”, explica. “He intentado escribir sobre ello, pero nunca he logrado acabar nada. Es un tema complicado, pero que tiene que salir a la luz. No me importa dar la cara y contarlo para que la gente sepa lo que sucedió allí”, dice. En el San José también trabajaron como profesores tres maristas investigados por abusos en los colegios gallegos: el hermano Primitivo Castellanos, el hermano Agustín y el hermano Miguel. León forma parte de la misma provincia marista y era frecuente que, dentro de ella, se trasladaran de un centro a otro.

Juan Pérez (nombre ficticio) también estudió en ese colegio una década después. Asegura que entre 1977 y 1983, tres religiosos abusaron de él: los hermanos Antonio María, El Pilila, uno al que llamaban Bos y el hermano Onofre. Este último, asevera, le pidió que se quedase después de un examen: “En la clase, solos, empezó a abrazarme y sobarme. Me decía que me había visto copiar en el examen y que igual no lo tendría en cuenta. Hasta intentó tumbarme haciéndome una zancadilla”. El hermano Onofre, fallecido en 2018, pasó por centros de la orden en Madrid, Toledo, Ourense, Brive (Francia), Oviedo y La Coruña.

El hermano Antonio María, El Pilila, era el encargado de la enfermería. Allí, según el testimonio de Pérez, pedía a los alumnos que se quitasen las ropas y les tocaba: “Siempre que ibas por alguna lesión o dolor, todo se focalizaba en un masaje en la zona de los testículos. Incluso con esguinces de tobillo o dolores de cabeza. Era vox populi”. El hermano Bos, que según la orden es el único que sigue vivo de los acusados en este colegio, era profesor de Matemáticas y Música, además de responsable del grupo scout. “En clase, pensando que no se veía lo que pasaba detrás de su mesa, se acariciaba los testículos y el pene sin bajarse el pantalón. Además, durante los exámenes, a cambio de caricias ‘te ayudaba’ a resolver los ejercicios”, relata la víctima. Este exalumno también relata que el hermano Juan José, apodado El Tomate, visitaba las habitaciones de los internos con una linterna por las noches. “Se le sorprendió acariciando a algún interno. Por ello se le destinó a otro sitio”, cuenta.

En León, pero en otro colegio de la orden, el internado Champagnat, otro exalumno, J. R. V., de 60 años, fue testigo en 1976 de los abusos del hermano José Luis, también en el dormitorio común. “Era nuestro tutor y dormía al fondo. Allí estábamos 80 o 90 niños. A veces salía por las noches y tenía elegidos a dos. Se acercaba a tocarles, pero una vez se los llevó a su habitación. Salieron llorando, se metieron en sus literas llorando. Luego nos lo contaron. Era algo sabido y un día tuvo una discusión a voces con otro fraile, que le dijo: ‘¡Nunca más, me oyes, que ya te echaron de Tui por eso!”. Pero, según su relato, no cambió nada. Este clérigo, fallecido en Valladolid en 2016, había estudiado para ordenarse en Tui, y luego pasó por Salamanca, Villarrín de Campos (Zamora), Oviedo, A Coruña, Ourense, Lugo y Vigo.

El caso que ha hecho salir a la luz más víctimas es el del hermano Esteban Villalba Astarriaga en el colegio Fundación Jado de los maristas en Erandio (Bizkaia) y en El Salvador de Bilbao. Era profesor y entrenador de baloncesto y balonmano, y su mote era El Pelamingas. Este diario ha hablado con tres antiguos alumnos que le acusan, pero al menos nueve más han denunciado abusos en redes sociales. Álvaro de la Puerta dice que le ocurrió en el curso de 1977 a 1978 en Bilbao: “Siempre se metía en los vestuarios después del entrenamiento”.

En Erandio, J. B. R. tenía 11 años cuando el hermano Esteban se cruzó en su infancia en 1964. Era su tutor y único profesor de todas las materias en segundo de bachiller: “Tuve la inmensa desgracia de padecer sus abusos sexuales. Te tocaba el pene metiendo la mano por debajo del pantalón corto, y presionaba mi mano en el pupitre con su pene erecto a través de la sotana. Nunca lo hablé con nadie, fue un trauma muy fuerte. Para mí lo más vergonzoso es que la orden no reaccionara para nada, su pasividad ante unos hechos que todo el mundo conocía. Cuando dejé el colegio, cinco años más tarde, seguía impartiendo docencia y con la misma fama”.

martes, 20 de julio de 2021

UNA BUENA NOTICIA

Tomado de eldiario.es
 
Esta es la historia de una norma necesaria, muy demandada y que busca la divulgación de la memoria democrática de España. Este martes llegará a la mesa del Consejo de Ministros la Ley de Memoria Democrática. Lo hará 14 años después de la aprobación de otra impulsada en 2007, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y con el objetivo de corregir algunos de los déficit del texto anterior con una doble finalidad. De un lado, la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria a través de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Y de otro, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Todo, con el objetivo de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.

El articulado de la norma, a la que ha tenido acceso elDiario.es, regula los lugares de Memoria Democrática, con funciones conmemorativas y didácticas y resignifica como tal el Valle de los Caídos, un recinto que suponía una anomalía en la Europa democrática en exaltación de la victoria y la ideología política y religiosa de quienes ganaron la guerra civil. Asimismo, reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes y declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que elimina de facto el poder que los frailes conservan en el recinto.

El Gobierno aprobará un Real Decreto, en paralelo a la tramitación parlamentaria de la ley, por el que se regulará el nueva marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determinará su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, ya que entiende que los fines de la fundación que gestiona Cuelgamuros son incompatibles con los principios y valores constitucionales. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva ley, la fundación dejará de percibir los 340.000 euros que recibía al año de Patrimonio Nacional. Es más, la congregación benedictina que gestiona el recinto no tendrá competencia alguna a partir de ese momento sobre el conjunto, si bien su salida definitiva queda pendiente ahora de una negociación entre el Gobierno y la Iglesia Católica "previa a la aprobación del mencionado decreto para alcanzar los acuerdos pertinentes", aseguran fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que consideran que la continuidad de los benedictinos "es incompatible con los valores democráticos y constitucionales y con los nuevos fines del Valle" y la voluntad del Ejecutivo para que no tengan continuidad es "inequívoca".

El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa de extinción de una fundación, pero el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), preceptivo pero no vinculante, aconsejaba que se incluyera en el encomio la humillación de las víctimas, una recomendación que el Gobierno ha aceptado finalmente.

Catorce años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno entiende que en estos años se han producido nuevos elementos a escala nacional e internacional que hacían preciso un nuevo impulso a las políticas públicas de memoria en España teniendo en cuenta las recomendaciones de distintos organismos internacionales de derechos humanos, especialmente los informes del Relator de la ONU Pablo de Greiff de 2014 y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e involuntarias. Ambos informes coinciden en situar las políticas de memoria democrática en el contexto del avance global de las culturas y prácticas de los derechos humanos y la necesidad de articular una verdadera política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El demoledor informe de Greiff concluyó que España hacía poco y mal en lo que respecta la búsqueda de la verdad y la justicia sobre la dictadura franquista y por la reparación a las víctimas, y denunció que nunca hubo una política de Estado en materia de verdad, ni existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento.

Los distintos avances de las leyes y disposiciones en el ámbito de la Comunidades Autónomas han instaurado además mecanismos que trascienden y enriquecen el régimen memorial establecido en la ley de 2007, por lo que el Ejecutivo de Sánchez consideró necesario mejorar los niveles de articulación de las políticas de memoria democrática a nivel estatal.

La nueva ley, que se vertebra en torno a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria del Derecho Humanitario Internacional, declara nulas las condenas y sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual. Las víctimas o sus descendientes obtendrán una declaración de nulidad que les evitará una tortuosa y larga vía judicial. Quedarán así anuladas todas las sentencias de los Consejos de Guerra, las del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, las del Tribunal de Orden Público, así como las depuraciones profesionales de gremio.

El texto establece también medidas para evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como distinciones, títulos, condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios concedidos a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la guerra o la dictadura. Al Gobierno le corresponde ahora hacer un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 –que fue cuando el dictador se otorgó la facultad de concederlos– y 1978 en exaltación de la guerra civil y la dictadura, si bien desde la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática calculan que afectará a una treintena de reconocimientos contrarios a los valores y principios constitucionales.

El texto, que fue impulsado por la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo y el hoy ministro de Presidencia, Felix Bolaños, incluye una mención especial al papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia, algo que se repara en la ley de una forma transversal en toda ella. También establece la apuesta clara por adoptar medidas necesarias para la reparación en cuanto a la represión y violencia que sufrieron por su actividad pública, política, sindical o intelectual durante la guerra o en la dictadura o como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados.

martes, 13 de julio de 2021

MARTES Y TRECE

 A VER SI TE CRECE



lunes, 12 de julio de 2021

LA IGLESIA USA EL VETO EN HOSPITALES


La objeción de conciencia de los profesionales de la medicina es uno de los principales obstáculos para acceder al aborto en hospitales públicos catalanes, argumenta la Generalitat de Catalunya. Según datos facilitados por el Departament de Salut a partir de una petición del derecho al acceso de la información pública hecha por este medio, la mitad de los ginecólogos del sistema público –305 de 613– son objetores de conciencia, si bien la cifra no corresponde a la totalidad de los profesionales, sino que la muestra se limita al 80% de los centros del sistema sanitario público de Catalunya –que incluye también los concertados–. Es decir, que estos centros públicos no dan este servicio y derivan el 97,8% de abortos instrumentales o quirúrgicos a clínicas privadas. Esto dificulta el derecho al aborto, ya que según el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, 482 personas tuvieron que desplazarse fuera de sus comarcas en 2018 para interrumpir sus embarazos.

Los profesionales se pueden acoger a la objeción de concienciarespecto al aborto de forma individual, pero la ley del 2010 indica que la administración pública debe garantizar el servicio. Se trata de un derecho individual, por lo que una institución como la Iglesia no podría prohibir practicar abortos a un centro que ofrece servicio público. Según ha podido saber Público, en el Hospital de Sant Pau, donde no se hacen interrupciones médicas desde el 2012 por presión de la Iglesia, hay profesionales que reclaman poder hacerlo de nuevo.

En el hospital de Sant Pau de Barcelona se practicaban abortos instrumentales médicos de las 12 hasta las 22 semanas de gestación del 1985 hasta el 2012. El Hospital de Sant Pau está gestionado por tres fundaciones: la Fundació Sant Pau, propietaria de los edificios, que está formada por dos miembros de la Generalitat, dos del Ajuntament de Barcelona y dos del capítulo catedralicio de la Catedral de Barcelona; la Fundació d'Investigació y la Fundació de Gestió Sanitaria, que se encarga de dar la atención médica y la forman tres miembros de la Generalitat, uno del Ajuntament de Barcelona y otro del capítulo de la Catedral. La tercera fundación recibe un 94% de ingresos del Departament de Salut. Pese a ello, en 2012, debido a la presión eclesiástica, aumentada por grupos antiabortistas, el hospital público dejó de practicar interrupciones instrumentales hasta día de hoy. 


jueves, 8 de julio de 2021

LOS MUSICALES DEL ARZOBISPO

Tomado de David Bollero en publico.es

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha vuelto a enfundarse su sotana, igual que si de zapatos con plataforma y lentejuelas de una drag queen de la Iglesia se tratara, y se ha marcado un nuevo espectáculo. El prelado sale a escena como en un musical y con el mismo descaro que Kika Lorace con su Chueca es genial o Nacha la Macha con su Soy una feria, Martínez se marca su Ofensa a la razón. Y su público grita enfervorecido, en una cóctel de histeria y extremismo con filigranas de hipocresía, como en cada borrachera católica que se regalan.

A estas alturas de la película, no puede sorprendernos que Martínez tache de "criminales" a la ley de la eutanasia y la ley trans. Es parte del espectáculo del arzobispo para mantener viva la llama católica, cada vez más apagada con menos curas, menos bodas y menos alumnado de religión por los escándalos de dispendios, pederastia y otra suerte de pecados contra los que, curiosamente, nunca se pronuncia este sacerdote con uno de sus 'musicales'... como el juicio que ahora se inicia contra un cura, profesor de religión, para el que se piden más de 67 años de prisión, acusado de 12 delitos de abuso sexual sobre varios menores a los que daba clase en un centro escolar de Vigo.

Hace ya más de una década que Martínez viene encendiendo a su hinchada en la catedral de Granada comparando el aborto con un "genocidio silencioso", hablando de sometimiento al personal sanitario similar al ejercido por Hitler o Stalin. Quiso manipular a su rebaño sugiriendo que el aborto, a sus ojos el asesinato de un niño indefenso por parte de su propia madre, abría la puerta a que el hombre cometiera todo tipo de abuso contra la mujer…

… y poco tiempo después, esta impostada defensa de la mujer cayó en el olvido, publicando un libro cuyo título ya era revelador: Cásate y sé sumisa. No es difícil de imaginar qué exponía el panfleto editado por la Catedral de Granada y que podríamos resumir con su "ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión".

Toda suerte de disparates sirven para suplir el vacío intelectual de su discurso, desde afirmar que el uso del preservativo propaga el sida a inaugurar el curso Ética y Futuro de la Democracia –como si la Iglesia supiera lo que es la democracia-, en el que aseguraba que "una democracia sin valores se convierte en una dictadura", haciendo un llamamiento a la "recuperación moral". ¿Qué sabrá el tipo de valores cuando considera que detrás de la perspectiva de género hay una patología? Sobre sus valores, hace ya 14 años que nos dio alguna pista...

Corría el año 2007 cuando el arzobispo pasó a la Historia como el primer prelado en ser juzgado en España… y el primer condenado. Esta alma caritativa fue declarada culpable por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un cura de la catedral de Granada, al que obligó a "paralizar por la fuerza" la elaboración de un libro sobre el templo. El problema no era tanto la temática del libro como su vinculación con Cajasur –confundada por la Iglesia católica-, algo que no era de su agrado. El rencor hacia la entidad carcomía las entrañas del arzobispo, después de que tuviera que salir por pies de su anterior puesto en Córdoba para terminar en Granada, al haber mantenido un enfrentamiento con el anterior presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo. Desde ese choque, Martínez le puso una cruz –en el peor de los sentidos que se puedan imaginar- a la entidad bancaria.

El encargo del libro sobre la catedral vino por parte de Cajasur y el arzobispo no estaba dispuesto a eso. Para ello, amenazó a su víctima con un despido, le suspendió el sueldo y le profirió amenazas, erigiéndose como único dueño de la catedral y, según citaba la sentencia, diciéndole "con látigo te enseñaré a obedecerme". De ahí la denuncia y el posterior juicio. Un angelito, vaya, el arzobispo.

El tipo se sabía en la picota, entiendo que con más cobardía por las consecuencias legales de sus actos que con arrepentimiento cristiano, y en lugar de utilizar la riqueza de la Iglesia para ayudar a las personas más desfavorecidas, decidió gastar casi 2.000 euros en un par de anuncios en periódicos locales para hacer publicidad de su postura.

Revisar la hemeroteca de entonces se convierte en material impagable para una telecomedia sobre un curilla farsante. "Ya os imagináis que es un suceso bien doloroso, como saben los miles y miles de personas que han pasado o pasan diariamente por esta prueba. Os ruego que oréis por mí", decía la publicidad, rescatando fragmentos de una de sus homilías en las que mentía a su parroquia hablando de "persecución religiosa en España", cuando en realidad lo que se perseguía era su abuso de autoridad.

La cuantía de la multa impuesta es lo de menos (3.750 euros), especialmente porque fue recurrida y retirada posteriormente, lo más relevante es que aun ganando el recurso los hechos se dieron como probados. Antes de ganar dicho recurso, bien sabía de sus faltas y no dudó en verter lágrimas de cocodrilo en una nueva homilía: "Soy frágil como todos los humanos y, como todos, tengo la necesidad de la misericordia".

Hoy en día, defender a la Iglesia católica es lo más parecido a militar en un partido político: da igual cuanto se diga y cómo se diga, sencillamente, se defiende a ciegas por encima de cualquier otra consideración. Vamos, que lo que diga el arzobispo va a misa. Como en política, esa sumisión ideológica, esa carencia absoluta de autocrítica es lo que ha terminado por hacer de la Iglesia y de los partidos silos estancos, aislados de la renovación, alejándose de la realidad. Si hay desafección política, el catolicismo tiene cada vez menos fieles... considerando fiel, en realidad, a cantidades ingentes de infieles que no hay día que no incumplan las leyes más sagradas de esta religión. Por eso, cada cierto tiempo, Martínez quiere hacer ruido con uno de sus 'musicales', ya convertidos en una comedia ramplona y de mal gusto.

miércoles, 7 de julio de 2021

DOCTOR HORRORIS CAUSA

Tomado de eldiario.es
 
El líder de la disidencia contra el papa Francisco, el cardenal guineano Robert Sarah, ha recibido un caluroso reconocimiento de sus aliados en el marco de las luchas vaticanas: el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y los principales dirigentes de Vox. La Universidad Católica de Valencia, de la que Cañizares es gran canciller, ha investido como doctor honoris causa al cardenal Sarah en un acto al que no faltaron el líder valenciano de Vox, José María Llanos, y el portavoz de la formación ultra en el Ayuntamiento de Valencia. El discurso ultraconservador del cardenal originario de Guinea-Conakri ha engolosinado a los principales representantes ultraconservadores valencianos.

El Cardenal Cañizares se refirió a Sarah como un "humilde y sabio pastor", que conoce "la amargura de la persecución y del gozo del testimonio libre de la fe de la Iglesia en Jesús, su piedra angular, presidida por Pedro y sus sucesores, cuya palabra no está encadenada". El papa Francisco expulsó a Sarah de la curia vaticana en plena contraofensiva hacia la disidencia ultraconservadora, convirtiéndolo en un símbolo para la extrema derecha, desde Mateo Salvini en Italia hasta Donald Trump en Estados Unidos. "Debemos estar agradecidos al papa Francisco por haberle situado a la cabeza de la Congregación responsable de la liturgia de la Iglesia", dijo Cañizares en el típico tono de críptica diplomacia vaticana en referencia al batacazo asestado por el Santo Padre al homenajeado.

El nuevo doctor honoris causa de la Universidad Católica de Valencia no sorprendió a nadie con un discurso centrado en la denuncia al derecho al aborto y, concretamente, a las medidas contra el hostigamiento a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción del embarazo. "Nadie se opondría a que a una mujer embarazada se le ofrezca ayuda material, pero si esa ayuda hace explícito el convencimiento de la dignidad inviolable de la vida que alberga en su seno, entonces ese acto de caridad se ve rechazado y perseguido por el mundo", denunció Sarah. "Y no faltan, incluso entre los que se dicen cristianos, quienes exigen que se renuncie a este tipo de acciones".

La eutanasia tampoco faltó a la cita. El rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, denunció el "imperio de la mayoría", que puede ser "manipulada y engañada" e incluso con el "respaldo de la mayoría" llegar a "cometer las mayores atrocidades". "Cuando la eutanasia avanza en España y Europa reconoce el derecho a matar, este acto quiere ser una llamada a que no nos preocupe ir contracorriente, que no nos pese ser minoría, como los primeros cristianos", aseguró Pagán.

martes, 6 de julio de 2021

NO ENTENDER Y PONTIFICAR

Tomado de eldiario.es

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha considerado que las leyes trans y de eutanasia son "inicuas, en cierto sentido criminales" y que "quien ha nacido hombre será siempre hombre, quien ha nacido mujer será siempre mujer. Le pongan las hormonas que le pongan". Argumenta, en concreto, que la ley trans convierte un sentimiento "en categoría jurídica". Es en ese punto donde hace referencia a que "no es la primera vez que pasa" y compara este asunto con "el sentimiento de superioridad de la raza aria" de los nazis de los años 30. "La libertad convertida en un absoluto de que cada uno puede hacer verdaderamente lo que quiere, volviéndose contra sí misma, ha generado las dictaduras más terribles", afirma en la homilía. Y en este sentido alerta sobre las leyes que (en referencia a estos dos textos legales) "van contra el bien común".

Según el arzobispo, solo desde el siglo XIX, cuando los seres humanos se han creído "creadores y dueños de la Creación" han pensado que se podía cambiar: "No se puede cambiar. Quien ha nacido hombre será siempre hombre; quien ha nacido mujer será siempre mujer. Le pongan las hormonas que le pongan, le hagan las operaciones que le hagan. Y hay una historia de suicidios vinculados a eso que se oculta en una época en que en los Estados Unidos esa práctica se hizo con niños recién nacidos, durante diez años y luego se prohibió. Se prohibió porque muchos de esos niños terminaban o en instituciones mentales, o en el suicidio", ha explicado.

El prelado ha sostenido que tanto la de la eutanasia como la llamada ley trans "son leyes, ambas, inicuas, en cierto sentido criminales y ante las que la Iglesia no puede callar". "No solo porque significan una falta de respeto inmensa a un pueblo que acaba de salir de una pandemia y se aprueban aprovechando determinadas circunstancias, para que ese pueblo no pueda reaccionar, ni manifestarse, ni expresar su sentir, independientemente de que sea una mayoría o una minoría", ha añadido.

Ha indicado además que no pide a los legisladores "que son paganos" que tengan criterios cristianos a la hora de legislar, y ni siquiera que respeten derechos humanos "que son evidentes". "Solo quiero deciros que vayáis aceptando que nuestra sociedad no se rige por la razón. Se rige por criterios de intereses humanos, de intereses de grupos, de intereses de poder, o por relaciones pura y simplemente de poder. Pero lo mismo que pasa con la razón pasa con la libertad", ha señalado.

"Estamos en el camino hacia una tercera dictadura, de un modo o de otro, porque se imponen leyes que van contra el bien común. Que la "ley trans", por ejemplo, convierte el sentimiento en categoría jurídica", ha manifestado. Por eso, Martínez ha apelado a la "objeción de conciencia" y a la "desobediencia civil".