En resumen, que facilitan el camino a quienes ofendan los sentimientos religiosos o injurien a la monarquía, mientras que anuncian iniciativas para silenciar a quienes les critiquen a ellos... ¡No tengo más preguntas, señoría!". El ínclito obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha querido vincular el acuerdo entre PSOE y SUMAR para derogar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, con el 'caso Begoña'.
En un momento no especialmente grato en las relaciones Iglesia-Gobierno, después del affaire a cuenta del trato a las víctimas de abusos, y con el futuro del Valle de Cuelgamuros en discusión, las palabras de Munilla (a quien sí hay que agradecerle que no se esconda en el anonimato) ponen de manifiesto la creciente desafección entre obispos y Gobierno, frente al trabajo callado de otros tratando de no hacer explotar los puentes de diálogo.
Y es que las críticas de Munilla no son las únicas en el seno del episcopado, que mayoritariamente ha acogido con malestar y desagrado el acuerdo, y la oportunidad del mismo. "Una doble vara de medir", subraya en privado un prelado. "No tienen ... para hacer con el Islam lo que hacen con Cristos y Vírgenes", plantea otro mucho más beligerante, sin advertir que la norma a derogar afectaría a todos los sentimientos religiosos. Incluso, a los de los ateos. ????????
Había unos diques de contención que se anuncian que van a ser derogados", lamenta Munilla en una reflexión posterior en su podcast. "A nosotros no se nos va a ocurrir quemar imágenes de ateos, pero sí hay gente que quema imágenes de Vírgenes, y se mofa de ello, ¿cómo es posible?", lamenta el obispo, seguramente sin caer en la cuenta que este tipo de delitos continuarán siendo castigados por el Código Penal, al igual que los actos de profanación. De hecho, la reforma solo afectaría al articulado del 525, y no a los artículos 522, 523 y 524 de la legislación, que penalizan la violencia intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo, contra miembros de cualquier confesión religiosa, manifestaciones de las confesiones religiosas o "actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos".
Y es que lo que busca la normativa, pese al empeño de los obispos, es cortar las alas a los grupos de ultraderecha, muchos de ellos autoproclamados 'católicos' (desde HazteOir a Abogados Cristianos, el 'pantone' es muy amplio) que utilizan la propaganda, la agitación y los recursos de la legislación para tratar de imponer sus particulares 'agendas' y cercenar la libertad de opinión de todos. Incluso, la de los católicos.