Los obispos españoles se niegan a asumir los resultados del informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre pederastia en la Iglesia, conocido el pasado 27 de octubre, y que en una encuesta estimaba que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbito eclesiástico. Es un porcentaje equivalente a unas 440.000 personas, según los cálculos de EL PAÍS y otros medios, una cifra que no está en el informe, pues el Defensor prefirió no hacer extrapolaciones. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), no solo ha vuelto a acusar a los periodistas de “difamación” por un dato que considera “exorbitante”, sino que ha atacado el propio sondeo: “Expresamos nuestra intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta. (...) Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”, ha asegurado este lunes en su discurso de apertura de la asamblea plenaria de la institución. Durante esta semana, los prelados españoles analizarán el informe de la auditoría que en 2022 encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y que recibieron este fin de semana tras meses de retraso. La relación con el despacho se ha tornado tensa tras la filtración de un borrador no autorizado por un miembro de su equipo y también por el ultimátum que la CEE le dio a Cremades el mes pasado para que le entregara el informe.
Con estos argumentos contra el informe del Defensor, Omella llamó a un cierre de filas y a rechazar la dimensión del escándalo: “Una vez más, reiteramos que nuestra lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia. Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos. Y aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los fieles católicos animándolos a que les muestren su aprecio y confianza. Seamos justos y no juzguemos precipitadamente”. Antes había pedido perdón a las víctimas y asegurado que “de ninguna manera” los obispos pretenden “buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad”.
Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), opina que “poner en duda cifras de una prospección parece una actitud que no viene a cuento”. Cuatrecasas afirma que su asociación no entiende que haya surgido una polémica alrededor de los resultados de la encuesta del Defensor, cuando estudios similares en otros países de la Unión Europea y de otros continentes no hubo ningún escándalo tras publicarse los resultados, similares a los de España. “Cuando hablamos de un cálculo desde los años 40, de más de 440.000 víctimas, no veo ningún escándalo. Es más, hasta cierto punto creemos que se queda corta [esa cifra]”, dice. Del mismo modo, el presidente de ANI subraya que en su asociación nadie afirma “que todos los clérigos y sacerdotes son pederastas ni han encubierto casos de abusos, pero que hay una cifra de ellos que sí lo han sido o hecho es evidente”.
Pero el discurso de Omella ha ido más allá al poner en duda, en general, la credibilidad de cualquier estudio demoscópico y la ciencia sociológica: “Las encuestas no son fiables porque no hay forma de confirmar la veracidad de la respuesta”. Consultado al respecto por este diario el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), primera institución pública de investigación de España, no ha querido hacer ninguna valoración. Ha indicado que lo más adecuado era trasladar la consulta al Instituto Nacional de Estadística (INE), que tampoco ha querido hacer comentarios.
El sondeo, basado en más de 8.000 entrevistas, una muestra considerada totalmente sólida por todos los expertos, para la CEE no es fiable, “porque una encuesta expresa opiniones, pero no determina hechos objetivos externos a ella”. El discurso del presidente de los obispos, entregado a la prensa, es muy severo con el trabajo de GAD3, la empresa que realizó el sondeo. Critica “la elevada diferencia” entre las llamadas telefónicas realizadas, 113.126, con “los que se prestaron a contestar el cuestionario y las entrevistas telefónicas finalmente realizadas, 4.802″. “La desproporción es descomunal y demuestra que una parte desconocida de los que se avinieron a ser entrevistados tenían interés en ello”, concluye Omella. “Lamentable, GAD 3 no introdujo preguntas de control de sesgo ideológico. Otras preguntas de control necesarias eran el recuerdo e intención de voto y su comparación con el total, y los medios de comunicación mediante los que accede a la información. Al faltar estos elementos, no existe ninguna garantía sobre la representatividad de la muestra y carece de significación valorable”. Este diario ha pedido a Narcís Michavila, presidente de GAD3, una valoración de la crítica de la CEE, pero no ha obtenido respuesta. El cardenal ha exigido “una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”.
La CEE ha publicado en la mañana de este lunes un tuit en el que afirma que el pasado 28 de octubre solicitó al portal de Transparencia de la Administración del Estado el estudio completo de GAD3 para el Defensor. “Queremos saber la ficha técnica, el cuestionario y todos los datos que aporta el informe. Es público, del público y pagado con dinero público… pero no se conoce”. Lo cierto es que los detalles técnicos sí están incluidos en el informe del Defensor del Pueblo, que dedica 28 páginas (de las 779 del total) al estudio demoscópico y su metodología. El Defensor no ha querido hacer declaraciones sobre las palabras de Omella, pero ha avanzado que sus trabajos aún no ha finalizado, ya que tiene que comparecer en el Congreso para exponer detalladamente su informe y debatir con los grupos parlamentarios sobre sus propuestas. “En todo caso, hemos de centrarnos en las víctimas y en darles una respuesta y una reparación adecuada, y en que se adopten las medidas sugeridas y recomendadas al respecto”, dice un portavoz.
Omella considera que una encuesta solo expresa opiniones y no determina hechos objetivos porque cae en varios errores. “Por error de muestreo: la calidad de la proyección depende de la representatividad de la muestra. Si la muestra no es representativa, los resultados pueden no reflejar con precisión la realidad de la población general. Por sesgos en la muestra: si los hay en la recopilación de datos, los resultados pueden no reflejar con precisión la realidad. Por desconfianza e imprecisión de los resultados: proyectar cifras exactas de la población en general a partir de una muestra puede generar imprecisiones significativas”. También ha aludido a la “complejidad de los factores involucrados”, por lo que en su opinión “proyectar una tasa de delincuencia basada en un porcentaje de una muestra específica sin considerar estos factores puede dar lugar a conclusiones incorrectas y estigmatizantes”.
En todo caso, pese a estas objeciones, en el discurso de Omella, de 33 páginas y que aborda otros temas de actualidad, hay numerosas referencias a otros estudios estadísticos basados en encuestas sobre la situación laboral en España, la pobreza, la inmigración, los índices de suicidio entre jóvenes o el consumo de pornografía por menores de edad.
El presidente de los obispos realizó esta enmienda a la totalidad de la encuesta tras atacar una vez más a la prensa, a la que ya ha acusado de mentir: “Nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación”. Omella afirmó que es “una extrapolación que el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones afirmó que no se podía hacer”, cuando en realidad el propio Gabilondo invitó a los periodistas a hacerlo en la rueda de prensa. También afirmó que “muchos técnicos” han confirmado que no se deben extrapolar los datos de las encuestas. “No se puede extrapolar una cifra del 0,6% cuando el margen de error de la encuesta es del 1,1%”, señala. “¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría”.
Profesionales del sector demoscópico consultados por este diario admiten que los estudios raramente traducen sus porcentajes en números absolutos, pero que está asumido que es práctica habitual en los medios y si se está cuestionando en este caso es porque se trata de un asunto controvertido. Subrayan que, más allá de una cifra concreta, está claro que la encuesta del Defensor está revelando “cientos de miles de casos”.
El nuncio apostólico, el cardenal Bernardito Auza, también ha hecho alusión al escándalo de la pederastia: “No podemos y no tenemos jamás que bajar la guardia en la lucha contra el enorme mal que suponen los abusos sexuales”. Del mismo modo ha agradecido al Defensor del Pueblo y a su equipo de expertos por su trabajo y ha expresado el compromiso de la Iglesia para examinar con más profundidad sus recomendaciones. En cualquier caso, no ha criticado los resultados de la encuesta ni el papel de la prensa. El lunes próximo, de hecho, todos los obispos españoles deberán presentarse en el Roma, ante una insólita llamada del papa Francisco. El motivo oficial es para para analizar la inspección, también excepcional, que ha hecho el Vaticano de los seminarios españoles. No obstante, la convocatoria se anunció dos días después de que Omella hiciera su primera valoración del informe del Defensor, acusando a los periodistas de mentir sobre las cifras “con la intención de engañar”.
