miércoles, 31 de enero de 2024

PORQUE QUIERO


lunes, 29 de enero de 2024

APOLONIA NO GANA NI UNA... PERO OBSTRUYE


Tomado de eldiario.es

El mismo juzgado de la Audiencia Nacional que paralizó durante varios días las exhumaciones de víctimas del franquismo de Cuelgamuros ha decidido dar ahora luz verde al proceso. En una resolución, inadmite el recurso de la nieta de una mujer enterrada en la cripta por dos motivos: la abuela de la mujer, representada por Abogados Cristianos, ni siquiera está enterrada en el lugar donde se están haciendo los trabajos de exhumación, y además la administración no está actuando por vía de hecho. “Se advierte que existen un conjunto de actuaciones judiciales, normativas y administrativas previas que constituyen su soporte”, dice el juez, que acusa a la recurrente de haberle ocultado esa información y haber precipitado la paralización cautelar que mantuvo vigente durante días.

Se trata de la inadmisión del recurso que mantuvo paralizadas las exhumaciones de Cuelgamuros entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado. Una medida cautelarísima que llegó después de que una mujer, representada por Abogados Cristianos, alegara que su abuela estaba allí enterrada y que la Administración estaba procediendo a sacar sus restos por la “vía de hecho”, es decir, sin poner encima de la mesa ninguna resolución que recurrir y, en definitiva, sin dar la oportunidad a la familia de poder oponerse.

Esas cautelares se levantaron y ahora el juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, directamente, inadmite el recurso. En primer lugar, indica el juez que esos trabajos de exhumación no afectan al sitio donde se encuentra enterrada a la mujer. Además, los trabajos no se están efectuando “en vía de hecho”.

“Se advierte que existen un conjunto de actuaciones judiciales, normativas y administrativas previas que constituyen su soporte y que, según el juez de lo contencioso, eran conocidas por la recurrente y de las cuales omitió informar al órgano judicial”, dice el magistrado, apuntando directamente al recurso y a la nieta de la mujer enterrada.

sábado, 27 de enero de 2024

JAJAJAJAJA Y JA

 


lunes, 22 de enero de 2024

BENDECIR ANIMALES COMO BENDECIR PAREJAS HOMO

 San Antonio Abad...


viernes, 19 de enero de 2024

R E F L E X I Ó N

 Estamos pensando las excusas para abusar de otros 440.000 jóvenes sin que pase nada (cómo hasta ahora)

sábado, 13 de enero de 2024

Mastuerzo


 

Jesús Sanz, acaba de publicar una carta pastoral (documento dirigido a todos sus fieles) en la que llama "mastuerzo" al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio de la Doctrina de la Fe.

En un mastuerzo: la RAE dice: brutoignorantetorpenecioestúpidoincultoanalfabetoobtuso.

Y anticlerical está en contra del PAPA Francisco

viernes, 5 de enero de 2024

PARA QUE APRENDAN OS DE AQUÍ

Tomado de elpais.com
 
El Estado argentino dejará de pagar a arzobispos y obispos de la Iglesia católica una asignación mensual como ha hecho durante más de cuarenta años. La Conferencia Episcopal del país sudamericano ratificó este martes con un mensaje en redes sociales que desde enero ya no recibirá el aporte económico previsto en la ley 21.950, una norma que rige desde 1979, durante la última dictadura militar. La renuncia de la Iglesia a ese dinero, una decisión histórica, empezó de forma gradual en 2018, mientras en Argentina se debatía la ley del aborto y el debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado se intensificó.

“El último día hábil de diciembre de 2023, concluye (...) el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. La norma que menciona el texto estableció durante la dictadura de Jorge Rafael Videla que los prelados ganaran el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia –los obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado, el 70%–. El monto, que recibía un centenar de sacerdotes, era de unos 55.000 pesos mensuales (64 dólares al cambio oficial), según los medios nacionales, y no se actualizaba desde hacía años.

Aunque en Argentina la Constitución establece desde 1853 que el Gobierno federal sostiene al culto católico y la mayoría de la población profesa esa fe, las diferentes reformas hechas a la Carta Magna y las políticas públicas impulsadas por diversos Gobierno han ampliado la distancia entre el Estado y la Iglesia. Existen, sin embargo, aún leyes de la dictadura (1976-1983) que establecen el financiamiento estatal a la Iglesia. Además de la ley 21.950, la norma 22.162, firmada en 1980 durante el Gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, establece subsidios a sacerdotes en zonas fronterizas; la ley 22.950, aprobada en octubre de 1983, afirma que el Gobierno “contribuirá a la formación del clero diocesano”.

En 2018, la contribución permanente de un Estado no confesional a la religión católica suscitó una polémica especial. En el país sudamericano, gobernaba el conservador Mauricio Macri (2015-2019) mientras en el Congreso se debatía la regulación del aborto legal, seguro y gratuito. La Iglesia, que en el pasado se había opuesto a la ley de divorcio, de educación sexual integral y de matrimonio igualitario, presionaba para que el Congreso no sancionara la ley de interrupción interrupción voluntaria del embarazo –que finalmente se aprobó en 2020–. En medio de los debates, el Gobierno nacional informó de que en 2018 la transferencia a la Conferencia Episcopal Argentina había sido de más 130,4 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares entonces).

La renuncia de la Iglesia al apoyo económico del Estado argentino inició de forma progresiva en ese contexto. Los obispos iniciaron entonces un debate interno y en noviembre de ese año comunicaron que aceptaban el “reemplazo gradual de los aportes del Estado” por “alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles” y anunciaron la creación de un fondo solidario. No se trató de un gran sacrificio, ya que los 130 millones de pesos suponían menos del 10% del presupuesto de la institución, pero sí fue un gesto cargado de simbolismo, ya que la renuncia implicó más independencia frente al poder político.

La fecha del fin de las asignaciones fue fijada con el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023). El Gobierno del ultraderechista Javier Milei, recién llegado al poder, no ha tenido injerencia en el proceso, pero este martes ha celebrado la noticia. “Esto se condice con los lineamientos de este Gobierno, que son la austeridad en el gasto y defender la libertad, en este caso, la libertad de culto”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

jueves, 4 de enero de 2024

Contra el olvido