Los obispos españoles se reúnen este martes con el Papa en el Vaticano y llegan en su peor momento, acorralados por el escándalo de la pederastia. La cita es insólita: Francisco ha hecho llamar a toda la Conferencia Episcopal Española (CEE), tanto los prelados en activo como los eméritos, más de un centenar en total, en una iniciativa sin precedentes. En principio, es para tratar sobre la inspección excepcional que Roma realizó este año en los seminarios españoles, pero fuentes episcopales afirman a este diario que la gestión de los abusos por la Iglesia española será probablemente el tema de fondo. “Tienen miedo. Saben que el Papa les puede dar un toque de atención”, dice una de estas fuentes. El rechazo de la cúpula de la CEE a los resultados del informe del Defensor del Pueblo —que estima que el 1,13% de la población adulta española ha sufrido abusos en su infancia en ámbitos religiosos, porcentaje equivalente a más de 440.000 personas— retrata al episcopado español como uno de los más negacionistas de la Iglesia católica en el escándalo de la pederastia.
Mientras que los obispos de otros países, como los franceses o los holandeses, acogen “con vergüenza” las cifras de los estudios demoscópicos y asumen la culpa, la Iglesia española arremete contra los resultados de la investigación oficial definiéndolos como “exorbitantes”. La convocatoria papal se produjo dos días después de que el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, atacara a los medios que habían calculado la cifra estimada de afectados, a quienes acusó de actuar “con la intención de engañar”, según escribió en X (antes Twitter).
Las declaraciones combativas de los purpurados españoles duraron hasta la semana pasada, cuando empezó su asamblea plenaria. Entonces volvieron a corregir el rumbo. Según fuentes eclesiásticas, los obispos interpretaron el discurso de apertura del nuncio vaticano, el filipino Bernardito Auza, duro con los abusos de menores, como una señal de atención desde la Santa Sede. Cuando concluyó la asamblea, el viernes, rectificaron posiciones que hasta ahora eran líneas rojas. En rueda de prensa el secretario general de la CEE, César García Magán, adelantó que la Iglesia española indemnizará a todas las víctimas que lo soliciten, incluso cuando el agresor haya fallecido —iniciativa a la que se había negado hasta ahora—, y la CEE publicó un vídeo de Omella en el que pedía perdón a las víctimas, se comprometía “a rendir cuentas ante ellas” y a ser más transparentes en sus investigaciones y procesos de reparación. Esto último también es una novedad en su discurso.
El episcopado español también aterriza en Roma con una cuestión sin resolver: el encubrimiento. En España, al menos 63 obispos están señalados de encubrir, silenciar, tapar o proteger a clérigos acusados de pederastia desde los años cuarenta, según ha podido acreditar este diario a través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas. Pese a estos números, García Magán ha asegurado que a día de hoy no conoce ningún caso enjuiciado, ni penalmente ni canónicamente.
De todos los prelados acusados de encubrir o tapar abusos, 31 siguen vivos y 11 están en activo. De los citados por el papa Francisco, siete ocupan un alto cargo en la CEE. Un ejemplo es su vicepresidente, el cardenal y arzobispo emérito de Madrid Carlos Osoro, que admitió en una entrevista a este diario que desoyó un caso cuando era arzobispo de Oviedo en 2002. Ha sido el único obispo español que lo ha reconocido. Sobre los demás, la Iglesia guarda silencio. Una víctima del mismo caso volvió a intentarlo 13 años después cuando el obispo ya no era Osoro, sino Jesús Sanz, actual titular de la diócesis y miembro de la comisión ejecutiva de la CEE. La mujer le escribió una carta pidiéndole ayuda. Sanz se citó con ella y le dijo que era la palabra del cura acusado contra la suya. No abrió ninguna investigación como le obliga la ley canónica. Sanz también es acusado por otra víctima que en 2012 le escribió contando su caso sin lograr que le atendiera. Tampoco apartó al sacerdote acusado ni le abrió un proceso canónico. La archidiócesis de Oviedo se ha negado reiteradamente a dar una explicación sobre estos dos casos.
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