Javier Cercas: "Para creer en lo que cree un cristiano hay que estar un poco loco"
miércoles, 2 de abril de 2025
lunes, 31 de marzo de 2025
CURA CHORIZO
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida a un sacerdote que cumplía su ministerio en una parroquia de Vejer de la Frontera al considerar como probado que efectuó transferencias desde las cuentas bancarias de la iglesia, en las que estaba autorizado, a cuentas de su exclusiva titularidad por un importe total de 366.027 euros.
La sentencia da como hechos probados que el sacerdote Antonio Casado, párroco del Divino Salvador de Vejer, realizó hasta 235 transferencias bancarias "en connivencia" con otra acusada, como cooperadora necesaria, que ha sido condenada a seis meses de prisión al concurrir el atenuante de reparación del daño por haber devuelto más de 165.000 euros.
El acusado reconoció en el juicio haber realizado las transferencias, aunque alegó en su defensa que "ante la circunstancias del hallazgo de un menor gravemente enfermo en un orfanato en Guinea Ecuatorial, donde él estaba como misionero, recibió el mandato de traerlo a España para ser tratado, con la finalidad de salvarle la vida, como así hizo, convirtiéndose dicho objetivo en una misión para él que lleva a cabo bajo la supervisión, consentimiento y oportuna autorización del entonces obispo de Cádiz y que pasaba por la adopción del menor". En este sentido, el acusado declaró que el obispo le "autorizó dicha adopción de palabra".
La Audiencia considera "obvio" que unos gastos de 366.027 euros "son claramente un acto de administración extraordinaria que requiere autorización escrita del obispo". Además, señala el tribunal que "resulta significativo que tras el cambio de ordinario en la Diócesis esta circunstancia no le fuera comentada al nuevo obispo".
Igualmente, la Audiencia considera "realmente inverosímil, ni tan siquiera imaginar que una persona del nivel cultural y de la formación de un sacerdote como el acusado pueda llegar a pensar que el proceso de acogimiento primero y después de adopción de un menor en España pueda conllevar unos gastos como los que, de una manera cuantiosa y compulsiva, representan las trasferencias bancarias realizadas a la otra acusada, que es la persona a la que señala como la que se encargó de dichos trámites y le iba solicitando las cantidades que le enviaba".
domingo, 30 de marzo de 2025
ESTE ABUSADOR SE LLEVA PREMIO
Un sacerdote de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha sido condenado a diez años de cárcel por abusar sexualmente durante años de dos monaguillos menores de edad. Los jueces de la Audiencia Provincial explican que el pedófilo aprovechaba para abusar de sus víctimas semanalmente cuando se quedaba a solas con los jóvenes en la sacristía de la parroquia Santiago Apóstol del municipio. Su condena, que todavía es recurrible, también le impide ejercer cualquier trabajo relacionado con menores de edad durante dos décadas.
El sacerdote condenado llegó en 2012 a la parroquia de esta localidad del Corredor del Henares. Los abusos a dos de sus monaguillos, según declaran ahora probado los jueces, empezaron ese mismo año y se prolongaron hasta 2019, cuando uno tenía 12 años de edad y el otro tenía 14. Aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con ellos en la sacristía para abusar de ellos con tocamientos o intentando besarles. También abusó de uno de ellos durante un viaje de la congregación a Tierra Santa.
Los chicos no coincidieron hasta años después. Uno contó lo que le había pasado con el sacerdote y el otro explicó que a él le había pasado lo mismo y se decidieron a denunciar los abusos ante la autoridad eclesiástica. Sus padres se enteraron de todo cuando llegaron a sus casas sendas cartas del Tribunal eclesiástico de La Rota citándoles para declarar en un proceso penal canónico. El entonces obispo Juan Antonio Reig Plá llevó entonces las acusaciones hasta la Fiscalía, que se querelló contra el religioso en 2022.
El caso estaba listo para juicio a finales de ese año pero el proceso se ralentizó hasta octubre de 2024 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, según fuentes de la causa, se ha notificado hace tan solo unos días aunque está firmada en diciembre: diez años de cárcel por dos delitos de abuso sexual además de una orden de alejamiento, libertad vigilada y la prohibición de trabajar con menores de edad durante 20 años más, además de la obligación de indemnizar a cada una de sus víctimas con 2.000 euros. La Fiscalía llegó a pedir 12 años de presidio para él
sábado, 29 de marzo de 2025
viernes, 28 de marzo de 2025
HABRÁ MILAGRO?
Y al oír las campanas, la población urbana salió en tromba para repoblar pueblos abandonados, casas sin moradores y parajes sin gente!!!
jueves, 27 de marzo de 2025
RESIGNIFICACIÓN?
Tomado de eldiario.es
La Iglesia no puede quedarse fuera de la resignificación del Valle”. Este fue el consenso alcanzado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante una reunión que tuvo lugar el pasado 25 de febrero en el palacio de la Terzia Logia, y que sirvió para que Gobierno y Santa Sede rubricaran un acuerdo que permitió la salida del prior Cantera, la permanencia de los benedictinos en la basílica (que no será desacralizada) y la resignificación del complejo, que permitirá “intervenciones” en el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula del templo.
No se impondrá la salida de los benedictinos del Valle, pero el ex prior Cantera y otros dos religiosos sí se irán en las próximas semanas, una petición expresa del Ejecutivo, que entendía que con “nostálgicos del franquismo” –tal y como los definió el ministro Bolaños la pasada semana– la resignificación no sería completa. Una postura que el Vaticano entendió, y que a las pocas semanas se tradujo en la toma de posesión del nuevo responsable de la comunidad, Alfredo Maroto, quien en sus primeras palabras se comprometió a que “la basílica sea un monumento a la reconciliación y un valle de paz”. Fuentes gubernamentales alaban la elección de Maroto, cuya actitud “facilitará el proceso” de resignificación. Tampoco habrá desacralización del templo, y mucho menos derribo de la Cruz del Valle, como habían augurado sectores vinculados a la ultraderecha eclesial.
En conversación con elDiario.es, fuentes episcopales lamentan que se haya hecho público el acuerdo, y subrayan la presión del Gobierno para desacralizar ante todo y expulsar la comunidad. Los movimientos se han dado, fundamentalmente, para salvar la basílica y asegurar la presencia de la comunidad, sostienen dichas fuentes.
miércoles, 26 de marzo de 2025
MÁS ABUSOS REGISTRADOS
El Defensor del Pueblo presentó hoy su informe anual, correspondiente a 2024, en el Congreso de los Diputados. En él se consignaba una actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, presentado en 2023. En este tiempo, la institución que encabeza Ángel Gabilondo ha podido recabar 144 nuevos testimonios que elevan, según las denuncias recibidas, a 674 el número de víctimas confirmadas de pederastia.
Hay que recordar, sin embargo, que la encuesta demoscópica utilizada en el informe de 2023 señalaba una estimación muy superior en el número de casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia. Aquel estudio hablaba de 440.000 de afectados en nuestro país. En otra palabras, según la referida encuesta, el abuso sexual infantil en ámbitos religiosos ha afectado a un 1,13 % de las personas adultas en España.
Entre los nuevos casos registrados, el 83% de los afectados son hombres. Además personas de entre 50 y 75 años, lo que sitúa la época de los abusos entre las décadas de 1960 y 1980. Su edades, por aquel entonces, estaban entre los 6 y los 18 años.
Con respecto a las secuelas referidas por los entrevistados, aunque se ha recogido un amplio espectro de consecuencias, aparecen mayoritariamente problemas emocionales y de conducta, seguidos de problemas de relación (con la pareja, iguales, amigos, etc.).
Casi un año y medio después de la presentación del primer informe, el Congreso de los Diputados ha registrado hoy una subcomisión para definir cómo serán indemnizadas las víctimas. La Iglesia católica no quiere hablar de dinero y se remite a sus esfuerzos internos para lidiar con las víctimas. Sumar y EH Bildu creen que debe ser la Iglesia quien pague estas reparaciones con sus propios medios. La cifra que se baraja es, en cualquier caso, muy inferior a las pagadas en otros países por los mismos delitos: se calcula que la cantidad total estaría entre los 6,7 y los 70 millones de euros.
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