El Estado argentino dejará de pagar a arzobispos y obispos de la Iglesia católica una asignación mensual como ha hecho durante más de cuarenta años. La Conferencia Episcopal del país sudamericano ratificó este martes con un mensaje en redes sociales que desde enero ya no recibirá el aporte económico previsto en la ley 21.950, una norma que rige desde 1979, durante la última dictadura militar. La renuncia de la Iglesia a ese dinero, una decisión histórica, empezó de forma gradual en 2018, mientras en Argentina se debatía la ley del aborto y el debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado se intensificó.
“El último día hábil de diciembre de 2023, concluye (...) el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. La norma que menciona el texto estableció durante la dictadura de Jorge Rafael Videla que los prelados ganaran el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia –los obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado, el 70%–. El monto, que recibía un centenar de sacerdotes, era de unos 55.000 pesos mensuales (64 dólares al cambio oficial), según los medios nacionales, y no se actualizaba desde hacía años.
Aunque en Argentina la Constitución establece desde 1853 que el Gobierno federal sostiene al culto católico y la mayoría de la población profesa esa fe, las diferentes reformas hechas a la Carta Magna y las políticas públicas impulsadas por diversos Gobierno han ampliado la distancia entre el Estado y la Iglesia. Existen, sin embargo, aún leyes de la dictadura (1976-1983) que establecen el financiamiento estatal a la Iglesia. Además de la ley 21.950, la norma 22.162, firmada en 1980 durante el Gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, establece subsidios a sacerdotes en zonas fronterizas; la ley 22.950, aprobada en octubre de 1983, afirma que el Gobierno “contribuirá a la formación del clero diocesano”.
En 2018, la contribución permanente de un Estado no confesional a la religión católica suscitó una polémica especial. En el país sudamericano, gobernaba el conservador Mauricio Macri (2015-2019) mientras en el Congreso se debatía la regulación del aborto legal, seguro y gratuito. La Iglesia, que en el pasado se había opuesto a la ley de divorcio, de educación sexual integral y de matrimonio igualitario, presionaba para que el Congreso no sancionara la ley de interrupción interrupción voluntaria del embarazo –que finalmente se aprobó en 2020–. En medio de los debates, el Gobierno nacional informó de que en 2018 la transferencia a la Conferencia Episcopal Argentina había sido de más 130,4 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares entonces).
La renuncia de la Iglesia al apoyo económico del Estado argentino inició de forma progresiva en ese contexto. Los obispos iniciaron entonces un debate interno y en noviembre de ese año comunicaron que aceptaban el “reemplazo gradual de los aportes del Estado” por “alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles” y anunciaron la creación de un fondo solidario. No se trató de un gran sacrificio, ya que los 130 millones de pesos suponían menos del 10% del presupuesto de la institución, pero sí fue un gesto cargado de simbolismo, ya que la renuncia implicó más independencia frente al poder político.
La fecha del fin de las asignaciones fue fijada con el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023). El Gobierno del ultraderechista Javier Milei, recién llegado al poder, no ha tenido injerencia en el proceso, pero este martes ha celebrado la noticia. “Esto se condice con los lineamientos de este Gobierno, que son la austeridad en el gasto y defender la libertad, en este caso, la libertad de culto”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
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