sábado, 24 de diciembre de 2011
Noche de paz
La guerra empieza en casa
Anna Sánchez
Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Durante el año 2010, España vendió armas a quince países que se encontraban en situación de conflicto armado haciendo gala de un comportamiento que vulnera la normativa española y europea sobre comercio de armas, y que muestra una clara falta de compromiso por la paz y el respeto a los derechos humanos.
Tanto la normativa europea como la española incorporan diferentes criterios en razón de los cuales se pueden denegar licencias de exportaciones de armas. Uno de estos criterios es el relacionado con la existencia de tensiones o conflictos armados en los países importadores. La Posición Común 2008/944/PESC (art. 2, criterio 3) de la Unión Europea establece que "Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven tensiones o conflictos existentes en el país de destino final". A su vez, la Ley española 53/2007 (Cap. I, art. 8, sección 1.a.) señala que las solicitudes de autorización de exportaciones serán denegadas "cuando puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes".
Anna Sánchez
Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Durante el año 2010, España vendió armas a quince países que se encontraban en situación de conflicto armado haciendo gala de un comportamiento que vulnera la normativa española y europea sobre comercio de armas, y que muestra una clara falta de compromiso por la paz y el respeto a los derechos humanos.
Tanto la normativa europea como la española incorporan diferentes criterios en razón de los cuales se pueden denegar licencias de exportaciones de armas. Uno de estos criterios es el relacionado con la existencia de tensiones o conflictos armados en los países importadores. La Posición Común 2008/944/PESC (art. 2, criterio 3) de la Unión Europea establece que "Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven tensiones o conflictos existentes en el país de destino final". A su vez, la Ley española 53/2007 (Cap. I, art. 8, sección 1.a.) señala que las solicitudes de autorización de exportaciones serán denegadas "cuando puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes".
domingo, 18 de diciembre de 2011
JUSTICIA REAL Y JUSTICIA ECLESIÁSTICA
Poco hemos avanzado en los últimos siglos en una España más cañí que nunca, y digo esto porque a la vista de los acontecimientos parece que seguimos en el Antiguo Régimen, con estamentos privilegiados (la nobleza y el clero) y los demás mortales para los que existe otro tipo de obligaciones y otro tipo de justicia diferente a la de los primeros.
Resulta que los miles de sacerdotes pederastas, abusadores, etc de la Iglesia Católica son amonestados en primera y cambiados de destino en segunda instancia, evitando para con ellos la intervención de la justicia ordinaria. Como son un estamento privilegiado tienen su propia justicia que, como mucho, les hace rezar tres padrenuestros, tres avemarías y una salve (tal vez os suene). De esta forma, superando las leyes terrenales, delinquen pero son amparados por su propia jerarquía que oculta el tema a los ojos de los hombres (y seguramente también a los de su dios). Solamente en el caso de acumulación de denuncias (como ha pasado en Holanda), llega a intervenir la justicia ordinaria y tienen, como mucho, que rascarse el bolsillo para compensar a unas víctimas puesto que los delincuentes o están prescritos o están criando malvas.
Pero he aquí que la nobleza, estamento privilegiado con su “primer inter pares” (el rey), que goza y abusa de la misma posición. Jódete. El Duque de Palma resulta ser un chorizo pamplonica (o euskaldún) que ha robado millones de euros del erario público, ese erario recogido de los impuestos de las clases no privilegiadas (que en este miserable país son los que pagan los impuestos a la vista de los acontecimientos) y esquilmado por nobleza histórica y de nuevo cuño (ya lo dijo Costa: jerarcas, oligarcas y caciques). Pues resulta que la Casa del Rey era conocedora del choriceo y le mandaron a un propio para aconsejarle que se fuera al extranjero mismo a tomar unas aguas patrocinado por Telefónica. Por lo mismo podía haberle aconsejado que devolviera lo robado y denunciar los hechos a la justicia.
Ahora que se descubre el pastel, sacado el tema por la prensa de derechas (magnífico si la derecha está por la vía veo posible la IIIª República), aparece otro sector de la prensa a venderlos lo estupenda que es la monarquía porque aconsejó al señorito que pusiera tierra de por medio. Me cago en todo lo que se menea.
Resulta que los miles de sacerdotes pederastas, abusadores, etc de la Iglesia Católica son amonestados en primera y cambiados de destino en segunda instancia, evitando para con ellos la intervención de la justicia ordinaria. Como son un estamento privilegiado tienen su propia justicia que, como mucho, les hace rezar tres padrenuestros, tres avemarías y una salve (tal vez os suene). De esta forma, superando las leyes terrenales, delinquen pero son amparados por su propia jerarquía que oculta el tema a los ojos de los hombres (y seguramente también a los de su dios). Solamente en el caso de acumulación de denuncias (como ha pasado en Holanda), llega a intervenir la justicia ordinaria y tienen, como mucho, que rascarse el bolsillo para compensar a unas víctimas puesto que los delincuentes o están prescritos o están criando malvas.
Pero he aquí que la nobleza, estamento privilegiado con su “primer inter pares” (el rey), que goza y abusa de la misma posición. Jódete. El Duque de Palma resulta ser un chorizo pamplonica (o euskaldún) que ha robado millones de euros del erario público, ese erario recogido de los impuestos de las clases no privilegiadas (que en este miserable país son los que pagan los impuestos a la vista de los acontecimientos) y esquilmado por nobleza histórica y de nuevo cuño (ya lo dijo Costa: jerarcas, oligarcas y caciques). Pues resulta que la Casa del Rey era conocedora del choriceo y le mandaron a un propio para aconsejarle que se fuera al extranjero mismo a tomar unas aguas patrocinado por Telefónica. Por lo mismo podía haberle aconsejado que devolviera lo robado y denunciar los hechos a la justicia.
Ahora que se descubre el pastel, sacado el tema por la prensa de derechas (magnífico si la derecha está por la vía veo posible la IIIª República), aparece otro sector de la prensa a venderlos lo estupenda que es la monarquía porque aconsejó al señorito que pusiera tierra de por medio. Me cago en todo lo que se menea.
sábado, 17 de diciembre de 2011
viernes, 16 de diciembre de 2011
jueves, 15 de diciembre de 2011
En España no sobran funcionarios sino defraudadores
El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo
Juan Torres Lopez - Kaosenlared
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo
Juan Torres Lopez - Kaosenlared
Suscribirse a:
Entradas (Atom)