El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949), presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), acusado y posteriormente absuelto, en 2007, de causar la muerte mediante sedaciones terminales irregulares a 400 enfermos del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), ha fallecido este jueves a los 69 años.
Montes ejercía de jefe de urgencias y acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos que coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina carácter progresista y de servicio público.
Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces relegada a clínicas privadas. Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”. “La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.
Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas. Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.
Lamela apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones. Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid. Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.
Pero si Lamela logró el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso. En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso. Montes recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica. Para Montes lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".
Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación.
N.R. Mientras tanto, el miserable de Lamela sigue engordando su cuenta en la sanidad privada...
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