El sacerdote de Toledo juzgado por abuso de menores en el seminario de la ciudad, P. F. R. R., ha admitido en la vista celebrada este lunes que fue en 2009 cuando supo que el joven le acusaba, a través del rector del internado. Es decir, que el arzobispado de Toledo conoció las acusaciones siete años antes de lo que ha reconocido hasta ahora —mantiene que fue con la denuncia, en 2016—, e incluso 12 años antes de tomar las primeras medidas y apartar al cura del contacto con menores, en 2021, a raíz de su definitivo procesamiento. Incluso siguió en el seminario hasta 2015. En el juicio, celebrado en la Audiencia de León, por ser en esta provincia donde tuvo lugar el primero y más grave de los episodios denunciados, el sacerdote es acusado de abusos entre 2005 y 2007, cuando el menor denunciante tenía entre 14 y 16 años. La Fiscalía pide 10 años de cárcel.
Al margen de los hechos juzgados, la vista oral ha puesto en cuestión la actuación de la diócesis de Toledo. El querellante ha relatado en su declaración que contó los abusos denunciados en 2008 a un sacerdote de confianza, y también le habló de la crisis de identidad sexual en la que estaba inmerso. Entonces el cura le envió a una psicóloga a “reencauzar su sexualidad”, ha explicado. “Me dijo que la homosexualidad era de dos tipos, o congénita, o consecuencia de actos, y que este segundo caso era el mío”, ha relatado el joven en su declaración. Sin embargo, afirma, la terapia estaba dirigida principalmente a reorientar su identidad sexual y además descubrió que la propia psicóloga conocía al acusado, por lo que perdió toda confianza en ella. Posteriormente, otros especialistas que han tratado al joven le han diagnosticado un trastorno ansioso depresivo compatible con un trauma por abusos. La jornada del martes será el turno de los peritos.
La madre del querellante también ha prestado declaración como testigo en el juicio y ha asegurado, bajo juramento, que en 2009 informó al entonces arzobispo, Braulio Rodríguez, después de que se lo contara su hijo. “El arzobispo me dijo que ya tenía conocimiento por otro sacerdote”, explicó. En efecto, según prosiguió su relato, la familia ya se lo había revelado antes a un cura de confianza, que les dijo que informaría a Rodríguez. Este prelado es ahora obispo auxiliar de una diócesis española, y su nombre también está incluido en una denuncia presentada en el Vaticano.
El joven, además de acudir a los tribunales, denunció en 2022 en el Vaticano el presunto encubrimiento de la archidiócesis de Toledo, bajo el mandato de Braulio Rodríguez y posteriormente, de su sucesor en 2020, Francisco Cerro. Independientemente del resultado del proceso en los tribunales, después se deberán comprobar las consecuencias canónicas dentro de la Iglesia en un caso en el que toda la gestión de la diócesis de Toledo está bajo sospecha.
El caso también afecta al actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, que es obispo auxiliar de Toledo. Tras ser nombrado en el cargo de la CEE, el pasado mes de noviembre, y preguntado por esta denuncia en su primera rueda de prensa, aseguró que el arzobispado manchego había “hecho los deberes”. Luego ofreció una entrevista a EL PAÍS para dar explicaciones, pero después la rehuyó. La archidiócesis solo ha contestado preguntas por escrito, pero no ha respondido cuándo abrió un proceso canónico, como es su obligación, apenas tiene noticia de un posible delito. Sus afirmaciones contradicen lo que ha admitido ahora el acusado. El cura, además, fue enviado a Perú mientras el caso estaba abierto en los tribunales. En la vista ha explicado que “no fue ni por meses, ni por trabajo, como mucho 15 días”.
