El Tribunal de Cuentas seguirá sin fiscalizar el dinero que la Iglesia Católica recibe del Estado a través de la casilla de la Renta. No lo ha hecho nunca a pesar de que cada año, desde que se reformó el sistema de financiación en 2007, la Iglesia recibe unos 250 millones de euros de los contribuyentes. Los votos de los siete consejeros del PP han impedido que esa fiscalización se incluya en el programa para 2017 aprobado por el pleno del tribunal el pasado 22 de diciembre. Los cinco consejeros socialistas han presentado un voto particular en contra del acuerdo. Es la primera vez que la fiscalización de la Iglesia católica se vota en el pleno y deja en evidencia la fractura en el tribunal en este asunto.
La Memoria anual que, en cumplimiento del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, suscrito en 1979, la Conferencia Episcopal Española presenta "no ofrece a juicio de los Consejeros suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas, limitándose, básicamente a informar sobre el reparto territorial de los fondos. La Memoria igualmente tampoco constituye un documento representativo de la gestión económico-financiera realizada, dado que realmente se configura como una autentica Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica".
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