La diócesis de Málaga indemnizará a las víctimas del sacerdote de Vélez-Malaga acusado de abusos sexuales y a quien el Obispado retiró las licencias ministeriales tras tener conocimiento de lo sucedido, independiente de lo que dictamine el juzgado, así lo ha indicado este viernes Monseñor José Antonio Satué.
La actitud se la diócesis no puede ser otra que la de "colaborar con los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia", ha dicho. La tarea que tiene por delante la justicia es muy "compleja y delicada", ha añadido.
La Fiscalía ha pedido 72 años de cárcel para el cura de Vélez-Málaga, acusado de abusar sexualmente de varias de sus conocidas. El Ministerio Público ha solicitado, así mismo, un total de 1,2 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas, 300.000 euros para cada una de las mujeres a las que presuntamente habría violado. Además, demanda una orden de restricción para que el acusado no se acerque a sus víctimas ni se comunique con ellas durante diez años.
La Fiscalía considera que el sacerdote malagueño es responsable de sendos delitos de abusos sexuales con penetración, lesiones y violación de la intimidad -según ha publicado este sábado el diario Sur- ya que no sólo violó a sus víctimas, sino que realizó videos y fotografías no autorizadas tanto de las violaciones como de otras situaciones íntimas.
El padre Francisco, que se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2023, elegía a sus víctimas entre las mujeres de su círculo de amistades. Las invitaba a pasar a su habitación, las sedaba haciendo uso de sustancias estupefacientes con las que anulaba su voluntad y luego las agredía sexualmente. Agresiones que, según se puso de manifiesto durante la investigación, fotografiaba y grababa para poder recrearlas posteriormente.
El acusado presuntamente administraba a sus víctimas drogas del tipo del éxtasis líquido, precisa el fiscal en su escrito de acusación, lo que las dejaba en un estado de inconsciencia y vulnerabilidad que a ellas no les permitía defenderse pero a él, en cambio, le facilitaba llevar a cabo los abusos sexuales con total tranquilidad. Y todo ello, amparado por la relación de confianza y amistad que existía entre las víctimas y su presunto agresor.
De hecho, aprovechaba los viajes a los que tanto las chicas como el propio sacerdote acudían para perpetrar unas agresiones de las que las víctimas no eran conscientes. En el transcurso de la investigación han sido identificadas cuatro mujeres, aunque en un principio los investigadores del caso contaban con la posibilidad de que hubiese más afectadas.
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