Más de 40 años luchando contra los fantasmas, los recuerdos, los traumas y el dolor. Encerrados en sí mismos y pensando que eran los únicos que habían sufrido abusos sexuales por un sacerdote o un religioso. Así define Wilder Flores el camino por el que han transitado las víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana. “Teníamos 12, 13, 14 años; despertábamos al mundo de la adolescencia, descubríamos nuestra sexualidad. A esa edad fuimos victimados y no solo por los pederastas compulsivos y violadores seriales, también fuimos víctimas del abuso de su poder, de conciencia y condenados al silencio. No podíamos acudir a nadie”, relata Flores. Condenados a callar, hasta ahora. Nueve meses después de que el escándalo de abusos clericales explotara en Bolivia, Flores han fundado junto a un grupo de afectados la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, la primera asociación nacional de víctimas de pederastia en el país latinoamericano. Su objetivo es que haya un refugio para estas personas, para que acudan en confianza para contar su historia y sentirse acogidas. “Con ese nombre lucharemos para sanar, para decir basta. Nunca más silencio, nunca más repetición de estos delitos. Buscamos justicia, nuestra lucha es por la seguridad de nuestros niños y niñas”, dice Flores, que ha sido nombrado presidente de la asociación.
Por el momento son 25 los miembros activos los que conforman la organización, pero ya contabilizan que más de medio millar de personas han sufrido abusos en Bolivia en las últimas décadas, unas 200 dentro de la Compañía de Jesús. El escándalo de los abusos en Bolivia estalló en mayo, tras la publicación de un reportaje de investigación de EL PAÍS sobre el diario secreto del sacerdote español Alfonso Pedrajas en el que confesaba haber abusado de 85 menores entre los años 60 y comienzos de los años 2000. El jesuita, fallecido en 2009, relataba que lo contó varias veces a sus superiores y que estos le encubrieron. “No sabíamos que somos muchos, que somos demasiados. Tras revelarse el diario del cura pederasta, fuimos encontrándonos y descubriendo el infierno al cual colectivamente fuimos condenados”, relata Flores. El reportaje causó un terremoto mediático y varios casos hasta ese momento inéditos salieron a la luz. La Fiscalía de Bolivia inició una gran investigación —que aún sigue abierta— y la Conferencia Episcopal Boliviana creó una comisión para recopilar denuncias.
Los integrantes de la asociación aseguran que conocen el poder de la Iglesia, especialmente de los jesuitas, y que tienen constancia de que intentan boicotear todas sus iniciativas para visibilizar el problema. “Sabemos que nos enfrentamos a una organización mundial, con mucho poder económico, que lleva 500 años tapando denuncias. No es el primer escándalo para ellos. Pretenden usar sus protocolos del silencio”, explica Flores. Por eso, añaden, han creado varios canales para que más afectados contacten con ellos y se sumen a la causa. Destapar ese dolor es inevitable y necesario. Debemos salir de la oscuridad a la que nos condenaron cuando éramos niños. Hay muchas heridas que sanar, no fue nuestra culpa, pero ahora es nuestra responsabilidad sanar juntos y gritar al mundo que esto no puede volver a pasar y que los responsables de nuestro holocausto rindan cuentas ante la justicia”, anuncia el presidente de la asociación.
La situación económica del país y la falta de prestaciones oficiales dificulta que la asociación pueda poner en marcha proyectos concretos para informar y ayudar a los afectados de abusos. Razón por la que realizan constantemente campañas de financiación: “Llamamos a todas las instituciones públicas y privadas de Bolivia y del exterior para que se sumen a nuestros objetivos y nos ayuden con el resguardo de nuestros niños, desde lo jurídico y lo psicológico a lo espiritual. No podemos afirmar que ellos son el futuro de nuestra sociedad si no cuidamos su presente”.
Los jesuitas de Bolivia, por otro lado, han dado la espalda a víctimas como las que conforman esta asociación, y que han denunciado ante la Compañía los abusos que sufrieron en las últimas décadas. En el caso del jesuita Pedrajas, por ejemplo, la institución ha cerrado la investigación canónica y les ha negado una reparación. Como respuesta, el pasado octubre una veintena de víctimas denunció a la Compañía por encubrimiento, por proteger a los clérigos pederastas y silenciar a los afectados. Todos los demandantes eran antiguos alumnos de varios colegios de los jesuitas, que padecieron las agresiones entre 1972 y 1996, y que ya habían denunciado independientemente a sus agresores. La denuncia se interpuso contra el actual provincial de la orden en Bolivia, Bernardo Mercado, “en calidad de máxima autoridad” de la institución. Los denunciantes acusan a la Compañía de ser autora “por omisión” de los delitos de violación a menores, ya que durante años tuvo conocimiento de los abusos sexuales que se producían y no hizo nada para frenarlos.
En respuesta, la Compañía publicó un comunicado en el que rechazaba su “responsabilidad” ante los abusos que las víctimas denunciaban y sostenía que con la denuncia lo que se pretendía era atacar a la institución. También afirmaba en el documento que siempre ha demostrado “una política de absoluta transparencia” sobre estos temas y que “su deber institucional está siendo cumplido y garantizado”. No obstante, lo cierto es que los jesuitas recibieron al menos dos denuncias contra dos de sus miembros antes de que EL PAÍS publicara su reportaje, uno de ellos era Pedrajas, y ni abrió una investigación como le obliga el código canónico ni tampoco informó a las autoridades civiles bolivianas. “Sabemos que, de forma individual, muchos presentaron denuncias que nunca prosperaron. Se quedaron en los archivos de los superiores de la Compañía de Jesús. Nunca las elevaron al Ministerio Público. ¡Basta de resolver estos asuntos bajo la mesa!, queremos que se sepa la verdad. ¡No es venganza, es justicia! La institución que protegió a los depredadores sexuales de niños tiene una deuda histórica con nuestra sociedad”, opina Flores.
