Tomado de
Juan Torres en publico.es
Según informó la Cadena Ser, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha declarado que el ingreso mínimo vital o renta básica que prepara el gobierno para ayudar a quienes se han quedado en paro o lo necesitan "es indispensable", pero sólo mientras dure la crisis del coronavirus pues, en su opinión, "pensar en una permanencia de grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común".
Naturalmente, la jerarquía de la Iglesia católica española está en su derecho de mantener las posiciones políticas que desee y es lógico que lo haga, teniendo tantos privilegios heredados de la dictadura que le conviene proteger. Sin embargo, me parece que la declaración que ha hecho su portavoz se puede considerar objetivamente como tramposa, cínica y tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la propia doctrina católica y a lo que propone Cáritas, que es la organización a la que los propios obispos españoles confían la lucha contra la pobreza. A continuación, justifico mi opinión.
Los obispos han hecho una declaración tramposa porque la renta básica, ingreso mínimo, renta de inserción... o como se quiera llamar a lo que va a aprobar el gobierno ya existe en todas las comunidades autónomas de España, gobernadas por partidos de distinto signo.
Lo único que ahora parece que pretende hacer el gobierno es establecer en España lo que ya existe en todos los países miembros de la Unión Europea, un ingreso o renta mínima nacional para combatir la pobreza, algo que en nuestro país (y esto sí que es criticable) no existe porque lo que tenemos son rentas mínimas en todas las comunidades autónomas, aunque con distinto nombre, condiciones y contenido y conformando todas ellas un conjunto (más bien una maraña) con grandes deficiencias, inequidades y disfuncionalidades que sí conviene reformar.
Por lo tanto, los obispos españoles hacen trampa cuando se meten en el rifirrafe contra el gobierno con la excusa de estar preocupados porque haya "grupos amplios de cuidadanos que vivan de manera subsidiada", como ha dicho su portavoz. Son tramposos porque están criticando como si fuera nuevo lo que ya existe. Si su preocupación por esa situación fuese sincera la hubieran expresado ya hace tiempo en todas las comunidades autónomas y no ahora; y, además, habrían criticado ese ingreso mínimo o renta básica no sólo en España sino en toda Europa.
¿Por qué lo hacen ahora, justo en este momento político? Obviamente, no puedo saber las intenciones de sus eminencias pero, en fin, es como eso de que sale de una vaca, es blanca y se mete en una botella... Además de tramposa, la declaración de los obispos españoles es cínica porque la institución que recibe más subsidios en España y la que tiene más privilegios democráticamente injustificables, y a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país europeo, es precisamente la Iglesia Católica.
Sin necesidad de entrar en el debate de si una parte del dinero que recibe del Estado es como contraprestación a servicios que realiza a la sociedad (algo que es bastante discutible pero que incluso puedo dar por bueno), lo cierto es que la Iglesia Católica tiene en España una financiación privilegiada que se puede considerar como un auténtico subsidio: entre otros, multitud de exenciones fiscales, el pago a sacerdotes o la posibilidad de inmatricular propiedades (se ha calculado que se ha apropiado de unas 100.000 desde que la dictadura franquista le permitió quedarse con ellas sólo con que el obispo correspondiente certificara que era suya).
Es muy cínico, pues, que los obispos españoles se preocupen ahora porque las personas sin empleo ni ingreso puedan recibir un subsidio para sobrevivir cuando su Iglesia católica española no podría vivir como vive ni hacer lo que hace si no fuera por los subsidios que recibe del Estado.
Y es particularmente cínico que la Conferencia Episcopal haga esa crítica cuando la jerarquía católica española hace un uso tan poco ejemplar del dinero que recibe del Estado. Por ejemplo, cuando dedica más dinero (10 millones de euros últimamente y más en años anteriores) a una cadena de televisión derechista y muy deficitaria (13TV) que a Cáritas (6 millones). Declaración tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la doctrina de la Iglesia y a lo que propone Cáritas. Con tal de atacar al gobierno, los obispos españoles se saltan a la torera su propia doctrina.
El Papa Francisco acaba de reclamar hace unos días un "salario universal" para "garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos". Una reivindicación que, en puridad, es mucho más radical que la de una renta básica pues implica que el precio del trabajo no se fije en función de la oferta y la demanda en los mercados sino de tal manera que "reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan" quienes "viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja". Esta reivindicación del Papa de un salario universal (que no sería de mercado porque el mercado de trabajo no funciona para dignificar y reconocer la nobleza de las tareas humanas) se corresponde con una amplia tradición doctrinal de la Iglesia Católica que siempre ha concebido el derecho al trabajo de todas las personas como "un derecho fundamental" puesto que se considera que el trabajo es un instrumento insustituible de humanización (Juan Pablo II, Laboren Exercem). Y siendo el derecho a trabajar un derecho fundamental que se supone que siempre debe estar garantizado, lo lógico es que "la vida digna en el plano material, cultural y espiritual" (Pablo VI Octogesima Adveniens, 14) que la Iglesia católica defiende para todas las personas se garantice a través de un salario o remuneración del trabajo justos, eso sí, "teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común" Pablo VI, Gaudium et Spes, 67).
Y Juan Pablo II señaló en una de sus encíclicas que, si no se disfruta de ese derecho fundamental al trabajo de donde nace la remuneración justa que garantiza una vida digna, el Estado tiene "la obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias" (Juan Pablo II, Laborem Exercens, 18a).
Es cierto que eso no es defender un ingreso mínimo o renta básica para cualquiera que carezca de recursos y no pueda sobrevivir dignamente, sino un subsidio de desempleo para quienes habiendo estado ocupados han perdido el empleo. Pero ¿qué ocurre, entonces, cuando hay personas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir porque el Estado no cumple con esa obligación de concederle el subsidio de desempleo al ser despedidos involuntariamente (un millón de parados en España no recibe ayudas) o cuando, por cualquier otra circunstancia indeseada, no encuentran empleo? Para los obispos españoles está claro: esas personas empobrecidas deben mantenerse en la indigencia o vivir de la caridad. El gobierno, como antes todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos europeos sin excepción, trata de evitar -con más eficacia de la que se consigue hasta ahora- que quienes estén en esa situación permanezcan en la pobreza. Y esto le parece mal a los obispos españoles, unos señores que en nombre de Dios se llenan la boca pregonando justicia, amor al prójimo, solidaridad, generosidad o paz.
La prueba palpable de que la propuesta que acaban de hacer los obispos españoles (dejar sin ingreso mínimo a las personas que no están empleadas y carecen de rentas una vez que pase la crisis del coronavirus) es contraria a su propia doctrina la ofrece Cáritas, la organización católica que tan ejemplar y esforzadamente se dedica a combatir la pobreza y a tratar de remediar el daño que produce a tantas personas.
Basta dedicar unos minutos a indagar en Google o en cualquier otro buscador para encontrar pruebas de que, quienes de verdad siguen la doctrina católica y luchan día a día contra la pobreza como hace Cáritas, sí defienden un ingreso o renta mínimos, antes y después de la crisis del coronavirus. Yo ofrezco modestamente estas primeras que he encontrado sobre la marcha por si de su lectura pudiera brotarles a sus eminencias algo de arrepentimiento y propósito de la enmienda:
Cáritas seguirá promoviendo la renta mínima garantizada
Cáritas pide que los Presupuestos de 2020 amplíen la cobertura de la Renta Mínima y un plan de apoyo a las familias
Cáritas solicita la renta básica como garantía para erradicar la pobreza
Cáritas edita un manual de referencia sobre el actual marco legal de la protección social en España (...) la autora propone la articulación de un marco legal básico de garantía de mínimos para todo el territorio
Cáritas insiste en establecer un Ingreso Mínimo Garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus. Urge al Gobierno a establecer un IMG equivalente para todo el Estado y que se mantenga en el futuro
Cáritas: La propuesta de ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando.
Como he dicho antes, los obispos están en su derecho de militar contra el gobierno y de defender sus intereses y privilegios. Por mí pueden seguir haciéndolo pero, como acabo de demostrar, lo que han hecho con esta declaración es muy feo. Si de verdad creen en el infierno y en todo lo que predican yo les aconsejo humildemente que vayan corriendo a confesarse.
