El Supremo carga sobre los obispos las indemnizaciones a sus docentes

Concluye el tribunal que el "responsable de la indemnización ha de ser exclusivamente el Obispado", estimando así el recurso de la Consejería de Educación en el mismo sentido. Las indemnizaciones fijadas "por daños morales y perjuicios" ascienden ya, en diferentes causas de despido, a unos 300.000 euros, además del pago de los salarios atrasados. Después de casi una década de lucha, los sindicatos de docentes religiosos que han encabezado esta revuelta -la Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER), y la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT)- están eufóricos. Creen ver ya el final de sus sinsabores. "Es el fracaso de una política represiva, que no para de vulnerar nuestra dignidad personal y profesional", sostiene Rafael Ramírez, líder de la CCT y él mismo victorioso en tres procesos.

Luis Guridi, vicepresidente de FEPER, afirma: "La jerarquía ha pagado ya, o tiene que pagar, del bolsillo de los católicos 310.000 euros por su actitud de desacato continuado a la justicia. Estas sentencias hacen pura y simplemente justicia. Nos preguntamos si no tienen la Justicia o el Poder Judicial medios para obligar al cumplimiento y ejecución total de las sentencias, y para que no se repitan las mismas circunstancias de atropello".

Guridi cree que los obispos hacen "una interpretación torticera de los Acuerdos España-Vaticano, lo que conduce a tan grandes arbitrariedades". Pide al Gobierno socialista "la urgente modificación de esos acuerdos con la Santa Sede y que el Congreso de los Diputados promueva una nueva Ley de Libertad Religiosa acorde con la sociedad y con la Constitución".