La nueva relación de partidos en el Congreso de los Diputados ha permitido que se haya aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a reclamar la propiedad de aquellos bienes puestos a nombre de la Iglesia católica y que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica.
La iniciativa, presentada por el PSOE en la Comisión de Justicia, ha contado con los votos en contra de PP y Ciudadanos, y ha acordado solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en el plazo de seis meses, aporte la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia, es decir, puestos a su nombre, cuando no hacía falta más que un certificado del propio Obispado donde se encontraba el bien inmueble.
Esas inscripciones sin más documentos acreditativos que la declaración eclesiástica las hizo posibles una reforma que hizo Aznar en 1998. En 2014, el Gobierno socialista cambió un artículo de la Ley Hipotecaria para poner fin a esta práctica.
En una nota, el PSOE ha criticado que la Iglesia católica se haya "adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros y, además, la haya inscrito como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía".
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