El informe sobre la pederastia en la Iglesia que la Conferencia Episcopal (CEE) presentó en diciembre como “el más completo de los existentes” y llamado Para dar luz, en realidad está lleno de sombras, oculta información relevante, contiene numerosas incongruencias y hace más difícil saber la verdad sobre esta lacra. Un análisis detallado revela, de entrada, que contabiliza solo una lista de 806 casos de pederastia conocidos, una cifra que desinfla y contradice los ya admitidos por la propia Iglesia: excluye al menos 325 que ya han sido comunicados por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo, según se desprende del cruce de datos con el listado del informe de la entidad pública, presentado apenas mes y medio antes. Estos casos han desaparecido del informe de los obispos.
En todo caso, el número de denuncias ignoradas por la Iglesia es aún mayor, al menos 654, si se compara la cifra oficial de la CEE con los clérigos acusados que realmente se conocen: hasta el momento, 1.460, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS, la única que detalla todos los casos conocidos ―con iniciales del acusado, lugar y fecha de los hechos y fuente de la información― y recopila las que han salido a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión por parte de la propia Iglesia. Al desdeñar estos casos, la Iglesia española desobedece al Papa, que obliga a investigar cada posible abuso ante la más mínima información, incluida la de los medios. Sobre esto, la CEE replica que “no tiene acceso a la base de datos”, aunque es pública desde hace casi tres años en la edición digital del diario.
El ejemplo más evidente de las lagunas del estudio de la CEE es que no figuran los maristas, la segunda congregación con mayor número de denuncias después de los jesuitas. Sin embargo, esta orden ya reconoció 130 al Defensor y tiene 137 en el recuento de este diario. Fuentes de esta orden afirman que enviaron a la CEE “todo lo que les pidieron” y que desconocen por qué no figuran en el estudio.
Es más sorprendente aún que no figuren en el informe de la Iglesia órdenes con casos que han tenido un importante eco mediático pero parecen no existir para la Iglesia. Por ejemplo, los abusos en la Abadía de Montserrat, que el propio monasterio reconoció; o el caso del colegio San José de los menesianos de Bermeo entre los años setenta y ochenta, descubierto por ETB en 2022, aunque el acusado incluso admitió las acusaciones en un vídeo. Lo mismo ocurre con la orden de San Viator, que tiene uno de los casos más graves conocidos, el de José Ángel Arregui Eraña, detenido en Chile en 2010 y que había abusado de al menos 17 menores en colegios españoles. Esta congregación admitió 12 casos al Defensor, pero no consta en el informe de los obispos. En resumen, no solo es que no se hayan contabilizado casos del pasado, o los ocultos en los archivos, sino que se ignoran muchos que ya han aparecido en medios.
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