Los obispos españoles han reaccionado siempre a la defensiva y con falta de transparencia ante el mayor escándalo protagonizado por la Iglesia católica en España en los últimos años: los abusos sexuales a menores. El último ejemplo lo muestra el análisis detallado realizado por EL PAÍS del informe que la Conferencia Episcopal (CEE) presentó en diciembre.
El texto, titulado Para dar luz, excluye más de 300 casos que órdenes y diócesis ya comunicaron al Defensor del Pueblo en la investigación que puso en marcha por orden del Parlamento; desdeña casos ya publicados —obviando la decisión del Papa Francisco de que se investigue cada sospecha ante la menor información— y muestra asombrosas lagunas, como que al menos 39 órdenes que reconocieron abusos al Defensor se hayan caído del documento.
La propia presentación del texto a finales de diciembre estuvo rodeada de sombras: por sorpresa, sin admitir preguntas y con la sospechosa intención de ningunear la auditoría externa que la propia CEE había encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que señala más episodios y es más crítico con la actitud de la jerarquía eclesiástica.
El informe interno también desdeña el trabajo que EL PAÍS puso en marcha en 2018 y que ha dado origen a la única base de datos pública que detalla todos los casos conocidos, con 1.460 acusados y al menos 2.608 víctimas.
No es solo el caos del texto o el desfase entre los hechos que órdenes y diócesis dicen conocer y los que se conocen realmente. La falta de detalle sobre víctimas y abusadores impide contrastar y mejorar la investigación. Además, establecer una categoría de “casos probados” —152 de los 888 registrados en el texto episcopal, además de otros 84 “no probados pero verosímiles”, según la última actualización del informe— muestra de nuevo la desconfianza hacia los damnificados con la que, en claro contraste con el de otros países, actúa el episcopado español.
El empeño en subrayar la dificultad de ofrecer una cifra cerrada de víctimas y de victimarios, pero, al tiempo, rebajar las que existen o hablar de “casos no probados” tratándose de unos abusos de los que, por su naturaleza, casi nunca hay pruebas lleva a pensar en un intento de no hacer frente a indemnizaciones como las que han pagado otras conferencias episcopales del mundo.
Los obispos españoles elegirán la próxima semana a su nuevo presidente. Tras la desafortunada gestión que el actual, el cardenal Juan José Omella, ha hecho de un escándalo que ha causado un gravísimo trauma a miles de personas, los prelados tienen en su mano decidir si quieren seguir tapándolo o afrontar con todas sus consecuencias el reconocimiento del daño y la reparación a quienes lo sufrieron.
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