El pasado domingo, los padres de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo recibieron en la cuenta de correo donde suelen llegarles las comunicaciones del centro un email extraño. En él se incluía una carta relatando los presuntos abusos sexuales del sacerdote J.M.G., se describía una investigación interna y hasta las sanciones que se le habían impuesto. La carta no era para ellos, a quienes se les había ocultado hasta entonces esa información: era en realidad un borrador que debía pasar por el Arzobispado de Toledo para ser remitida al Vaticano.
En la misiva se indica que quiere informar al Dicasterio para el Clero de “la situación” que afecta a un sacerdote de la archidiócesis de Toledo, J.M.G., que actualmente es canónigo emérito de la Catedral de Toledo y está jubilado desde el verano de 2023. El texto indica que tras esa jubilación llegaron al correo de la parroquia algunos emails que sugerían que el sacerdote estaba siendo extorsionado y recibía “acusaciones veladas de cierta actividad homosexual”.
Pero la situación se complicó unos meses después. En otoño de 2024, recoge la carta, llegan noticias de “tres hechos que eran susceptibles de abrir una investigación” relacionados con presuntos abusos sexuales. “Dos de estos hechos se produjeron en clínicas de fisioterapia y el otro durante una peregrinación a Medjugore”, añade.
A partir de ahí se abre una investigación interna: “Se pudo comprobar que los hechos denunciados eran ciertos, y que el sacerdote había actuado de forma inadecuada e inapropiada siendo motivo de escándalo para las personas que vivieron los hechos. Lo relatado por los denunciantes eran hechos similares, en los que el sacerdote buscaba algún tipo de contacto y satisfacción sexual con las personas que habían denunciado los hechos”.
El procedimiento seguido indica que los presuntos abusos sexuales de J.M.G. se habrían producido contra menores o adultos vulnerables –personas con discapacidad–, porque la normativa aprobada por el papa Francisco (en la carta Vos Estis Lux Mundi) obliga a informar al Vaticano cuando un sacerdote ha cometido alguno de estos actos.
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