El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el cargo desde marzo, ha sido acusado de acoso laboral y trato degradante por un sacerdote durante su anterior etapa al frente de la diócesis leonesa de Astorga, donde permaneció desde 2020 hasta este año. Así consta en la denuncia que el cura presentó en el juzgado de esa localidad el año pasado, aún bajo investigación, y que en realidad es la punta del iceberg de un largo conflicto que ahora sale a la luz, también denunciado canónicamente en el Vaticano: este cura relata que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor en el seminario de Astorga, pero el caso fue desoído y encubierto por la diócesis en 1993.
Romper “la ley del silencio” que imperaba sobre los abusos, según el denunciante, le ha acarreado represalias durante tres décadas, siendo ya sacerdote, con tres obispos de Astorga ―Camilo Lorenzo, Juan Antonio Menéndez, ambos fallecidos, y luego con Fernández―, hasta el extremo de llevarle a presentar una denuncia.
Lo más grave es que la pasividad con aquel caso de la diócesis de Astorga, que ya ha registrado otros episodios de encubrimiento de abusos sexuales, tuvo consecuencias: no se permitió al acusado, A. O., que se ordenara sacerdote, pero en 1999 fue enviado de profesor de religión a Barco de Valdeorras, Ourense, una zona adscrita a la diócesis leonesa, y allí acabó siendo condenado en 2014 por agredir sexualmente a ocho menores. La Fiscalía pidió 19 años de cárcel, pero el acusado pactó admitir los hechos con una sentencia de dos años, con lo que evitó la prisión, y aceptó quedar inhabilitado para la docencia de por vida.
Totalmente frustrado, Juan Bautista, nombre ficticio del sacerdote, que no desea revelar su identidad, ha querido contar a EL PAÍS el “infierno” que ha vivido. Es el segundo caso reciente en España de un cura que denuncia en los medios su caso de abusos ante la inacción de la Iglesia. El anterior fue el sacerdote salmantino Policarpo Díaz, en 2023.
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