Tomado de andalucesdiario.es
Por enésima vez, el juez instructor del ‘caso de los romanones’ ha reclamado al arzobispo de Granada, Javier Martínez, la copia completa de las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir sobre los implicadas en el caso de abusos sexuales que está investigando y que afecta a diez sacerdotes y dos laicos en el mayor escándalo conocido hasta el momento de pederastia en España. Esta vez, el juez conmina al arzobispo, “personalmente”, a remitirle las actuaciones canónicas que supuestamente realizó el prelado.
El magistrado da a Martínez un ultimátum en toda regla y le da tres días de plazo para que le envíe la documentación, advirtiéndole que, “en caso de incumplimiento, podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial y denegación de auxilio a la Justicia”. En un durísimo auto, el instructor del caso de ‘los romanones’ le anticipa al prelado que actuará judicialmente por esos supuestos delitos. En el caso de que no obre en poder del arzobispo la documentación solicitada, “y bajo apercibimiento de incurrir en falsedad” si no fuera cierto, además de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y denegación de auxilio a la Justicia , el magistrado pide a Martínez que remita copia autentificada del “decreto de Avocación emitido en su caso por la Congregación de la Doctrina de la Fe, así como de la fecha del mismo y el decreto del arzobispo aceptando la Avocación, con expresión de la documentación remitida y su contenido”.
La decisión del juez se produce después de que el arzobispo haya desoído los sucesivos requerimientos del juez instructor. A la última providencia, del pasado 7 de mayo, el arzobispo de Granada contestó con una larga cambiada. Se remitió a la “legislación canónica aplicable” para negarle al magistrado la copia completa de las actuaciones canónicas.
