Fernando Lamata - Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad
El Gobierno del Sr. Rajoy ha presentado a las CCAA un Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud que supone un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública española. La clave de este Plan es hacer pagar a los pensionistas parte del coste de los medicamentos que les receten. Que paguen los enfermos y los más mayores quiebra el concepto del sistema. Un sistema sanitario basado en la solidaridad, con una financiación a través de impuestos, que pagamos todos (también los pensionistas) en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para poder recibir servicios en función de nuestra necesidad.
En la misma línea, el Plan también incluye una separación de prestaciones “básicas”, de otras “suplementarias” y “accesorias” (¿por las que habrá que pagar?). Esta contra-reforma responde a un argumento de fondo que se ha expresado desde el PP al explicar por qué tienen que pagar los pensionistas: “si tienen que pagar su comida y su ropa, parece razonable que contribuyan a pagar las medicinas que son un elemento esencial de la salud”. Es decir, la sanidad se considera un asunto “privado”, como cualquier otro bien o servicio de consumo privado. Esta es la diferencia de concepto con el modelo actual del Sistema Nacional de Salud que se quiere cambiar. En España, desde la Ley General de Sanidad de 1986, que promovió el Ministro Ernest Lluch, la atención sanitaria se considera un derecho. Todas las personas tenemos derecho a la sanidad en función de nuestra necesidad de atención, y no en función de la capacidad de pago cuando nos ponemos enfermos. Convine no olvidar que en el pacto constitucional decidimos aceptar desigualdades, diferencias de propiedades, de rentas y de salarios, diferencias “en la comida y la ropa”, pero a cambio se reconocían derechos sociales importantes, como la sanidad, iguales para todos. Si se obliga a que cada persona se pague la sanidad como se paga la comida o la ropa, rompemos la baraja. Habría que repensar todo nuestro modelo económico de distribución de la rentas, habría que cuestionar los beneficios empresariales, etc.
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