LA IGLESIA, ACAPARADORA DE INMUEBLES

Tomado de publico.es

Los principales templos católicos españoles fueron declarados “pertenecientes” al Estado en junio de 1931, una realidad jurídica que pone en tela de juicio la validez de muchas de las inscripciones registrales que distintos obispados y entidades religiosas han realizado a su favor en las últimas tres décadas mediante inmatriculaciones.

Ese proceso se intensificó entre 1998 y 2015 gracias al derecho especial de inmatriculación que instauró el Gobierno de José María Aznar –lo mantuvo el de José Luis Rodríguez Zapatero y finalmente lo eliminó el de Mariano Rajoy. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de poner en duda su rigor jurídico al señalar en una sentencia que ese derecho de inmatriculación fue reconocido a la iglesia católica “por la legislación interna [española] sin justificación aparente”.

El 3 de junio de 1931, el presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora firmó un decreto por el que 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, cinco capillas y más de 200 iglesias pasaban a ser propiedad del Estado al ser declarados “monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional”.

La medida, que incluía 73 castillos, 21 palacios y 62 ruinas y restos prehistóricos, materializaba la ejecución de otro decreto emitido en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, que ordenaba “la intervención directa y eficaz del Estado” para que esos edificios monumentales fueran “adscritos al suelo de la Nación”, lo que suponía que pasaban a ser de propiedad pública por aplicación del Código Civil –lo que se levanta sobre el suelo va con el suelo-, y a quedar “bajo la tutela y protección del Estado”.

Esas normas, cuyo objetivo principal era evitar el expolio del que venía siendo objeto el patrimonio cultural español –llegaban a exportarse castillos y templos enteros-, declaraban “edificios pertenecientes a entidades públicas” todos aquellos “a cuya conservación contribuye el Estado, la Provincia o Municipio, por consignaciones en sus presupuestos respectivos o por haber realizado o realizar en ellos obras de reparación, consolidación y restauración”. No obstante, reservaba la “preferencia para la guarda y custodia” a “las entidades o personas que representen en la actualidad a aquellas otras que los construyeron o quienes lo sean más similares y afines”.

Sin embargo, numerosos obispos han inscrito la titularidad de muchos de esos edificios en el Registro de la Propiedad a favor de sus diócesis mediante el procedimiento de la inmatriculación, caso de las catedrales de Palma de Mallorca, Málaga, La Seo de Zaragoza o Jaca. Esta última fue registrada en junio de 2015, apenas diez días antes de que el trámite de la inmatriculación con autocertificados dejara de ser válido, por lo que el Ayuntamiento de Jaca, que debatirá el tema en enero, dispone de unos meses para decidir si recurre esa anotación. La misma diócesis había inscrito un mes antes como “obra nueva antigua” 43 iglesias y ermitas, 14 de ellas románicas y otras nueve góticas.

En el caso de La Seo, inscrita en 1987 mientras la comunidad financiaba su rehabilitación, el arzobispado de Zaragoza informó al Registro de que el edificio le “pertenece”: alegó su “posesión y dominio pacífico, desde tiempo desconocido”, aunque admitió que carece de un “título de dominio inscrito o inscribible”.

También forman parte del listado de 1931 otros templos inmatriculados como la iglesia de La Magdalena (Zaragoza), cerrada al público desde hace una década mientras las administraciones financian su rehabilitación, o la Colegiata de Alquézar (Huesca), un majestuoso conjunto gótico en cuiya conservación la comunidad autónoma había invertido unos años antes 1,8 millones.