En un atestado entregado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, notificado la pasada semana a las partes y al que ha tenido acceso El Independiente, el equipo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) señala al obispo Ceballos y a tres ex altos cargos de la Administración andaluza tras analizar la ayuda sociolaboral excepcional por importe de 300.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó al centro geriátrico del Obispado de Cádiz en 2009.
El 6 de octubre de 2008, el obispo envió una carta al entonces consejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández, en la que le pedía ayuda para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que venía afectando a medio centenar de trabajadores. También la Guardia Civil detalla que el pago no fue para 50 trabajadores y se hace ver que el dinero público ingresado “pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas” pero no para la finalidad para la que se concedió.
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