La catedral de Málaga, “la manquita” conocida popularmente por tener una de sus torres inconclusas, es un templo muy querido y apreciado por los malagueños. El cariño profesado va más allá de su simbología religiosa. Se halla enclavada en pleno centro histórico y la población la pervive como algo muy suyo y ligado íntimamente a su ciudad.
El edificio se erige en el lugar que ocupaba la Mezquita mayor durante los ocho siglos. Posteriormente, en su lugar, se construyó una iglesia cristiana. Queda claro que como ocurrió con otras basílicas, sus orígenes anclan en el mundo árabe.
En agosto del pasado año, la sensación de pertenencia del templo a los ciudadanos sufrió un duro golpe tras desvelarse un secreto hasta entonces muy guardado: el dueño oficial de la Catedral de Málaga era, y es, el Obispado. El titular de la Diócesis malagueña "inmatriculó" el templo en 2011, o sea lo registró a su nombre usando una triquiñuela legal de 1998 del gobierno de Aznar. Este Ejecutivo modificó la legislación para posibilitar que la Iglesia se hiciera con un gran patrimonio histórico y mobiliario en España, gratis o a precio no de saldo, sino testimonial o "regalado".
En este reparto del botín convertido en el gran "chollo" inmobiliario aznarista, también entraron 415 metros de los jardines aledaños a la catedral malacitana. Ahora un nuevo atentado al patrimonio más entrañable de los malagueños está a punto de producirse. El codicioso Obispado ha puesto el foco de su objetivo en los 415 metros de precioso jardín anexo a “La Manquita”. Unos jardines que el Ayuntamiento mantiene y paga, es decir, toda la ciudadanía malacitana, desde principios de los 40 en los que este los creó. Se ha desvelado de un informe municipal que estos jardines pertenecen al Obispado y que el Consistorio le permitiría ampliar la catedral sobre esa parcela para construir una sacristía.
Los jardines llevan siendo gestionados por el Ayuntamiento desde, al menos, hace 60 años. En verano de 2011, se preguntó al Ayuntamiento por las aspiraciones de la Iglesia y se recibió un informe que decía que los terrenos eran municipales; pero, pocos meses después, en marzo de 2012, cambió el criterio y afirmaron que estos terrenos son de la Iglesia. Ese segundo informe curiosamente, no lo firma el jefe del Patrimonio sino el gerente de la época.
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