La nueva normativa de admisión escolar de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, que permite a los centros educativos dar un punto extra a los aspirantes a acceder, ha generado una cascada de criterios discriminatorios tanto en centros públicos como concertados. Entre ellos: “Haber nacido en la Comunidad Valenciana”; que ambos progenitores trabajen; que los niños vayan regularmente a la parroquia, o que los padres fueran en su día a una escuela católica.
La concesión de ventaja si se acreditan creencias religiosas católicas ha sido incluido por ocho centros, todos concertados, que lo han plasmado con fórmulas como: “Alumnado participante en alguna actividad parroquial” o “que padre, madre, tutor o tutora legal , haya estudiado en algún colegio católico al menos durante una etapa escolar”.
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