Un peridodista preguntaba esta semana al Papa por qué la comisión antipederastia del Vaticano, que lideraba Sean O’ Malley (el cardenal que criticó al Pontífice por su defensa del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubridor de un caso de abuso sexual), todavía no ha sido renovada. «Hay personas que se preguntan si esto es una señal de que la protección de los menores no es una prioridad», le dijo. «No crean que no la vamos a hacer... son los tiempos normales», respondió él, en el vuelo de regreso del viaje por Chile y Perú.
Desde su elección en el 2013 como jefe máximo de la Iglesia católica, Francisco se ha resistido a que la institución se hundiese por el escándalo de los abusos sexuales de sacerdotes y anunció «tolerancia cero» con este asunto. Expresión de ello fue, entre otras medidas adoptadas, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada por Francisco el 22 de marzo del 2014 y cuyos trabajos, destinados a poner al día las normas antipederastia dictadas en su momento por Benedicto XVI, empezaron al año siguiente.
No obstante, el mandato de la comisión caducó el pasado mes de diciembre y desde entonces sus trabajos están totalmente paralizados. El primer traspié se produjo ya en febrero del año 2016, cuando Peter Sanders, activista antipederastia y él mismo una víctima de un cura abusador, fue apartado del organismo, después de lanzar un duro ataque contra el cardenal australiano George Pell.
«Está engañando a la comisión, al Papa y a las víctimas», dijo Sanders de Pell. A pesar de ello, el activista siguió en el cargo, aunque solo por unos meses. En el mes de junio de ese mismo año, en otra rueda de prensa pública, el Vaticano anunció que el Papa había decidido que el cardenal australiano abandonaba su puesto de prefecto vaticano para volver a su país y, así, defenderse allí de la acusación de haber cometido abusos sexuales.
Pero la renovada calma duró poco más de un año. En marzo del 2017, Marie Collins, la otra víctima miembro del organismo, anunció que también renunciaba a su puesto. En su mensaje de despedida, Collins explicó que su decisión se debía a la falta de colaboración que ella y sus colegas experimentaban por parte de los dicasterios de la Curia y, en especial, del «mayormente involucrado al tratar los casos de abusos», afirmó entonces, en referencia a la Congregación de la Doctrina de la Fe.
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