Aunque el Valle de los Caídos es propiedad estatal, es una congregación de monjes benedictinos quienes gestionan el complejo, reciben las subvenciones, los beneficios del restaurante y de la hospedería del Valle.
Franco incluyó en el proyecto una basílica y un monasterio, para combinar las formas colosales de la arquitectura fascista con un toque de espiritualidad. Un grupo de monjes del Monasterio de Silos se trasladó para cumplir los deseos del dictador y serían, desde 1959, los encargados de la gestión del memorial franquista.
En el Valle de los Caídos, además de reposar los restos del dictador y del fundador de la Falange reposan 33.847 personas más, pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil. Algunos se trasladaron en su día sin permiso de sus familiares y, en otros casos, sin ser identificados. El complejo recibe anualmente 340.000 euros de dinero público, que son gestionados directamente por los monjes, quienes se siguen negando a cumplir las decisiones judiciales que les instan a permitir la identificación de los restos. El Valle de los Caídos también ha costado a los contribuyentes más de medio millón de euros en gastos de mantenimiento, porque hace décadas que se cae literalmente a pedazos.
La Comisión de Justicia del Senado ha pedido la comparecencia del Prior-Administrador Santiago Cantera, para que explique sus reiteradas negativas a cumplir una sentencia que le obliga a permitir la exhumación de restos de víctimas del franquismo custodiados en el mausoleo.
El prior acumula más de una decena de denuncias por negar el acceso a las criptas. Un acceso al que está obligado por sentencias judiciales de marzo de 2016 y que es reconocido por Patrimonio Nacional, propietario de todo el complejo franquista. En un informe de 2011, proporcionado a un Comité de Expertos creado por el Gobierno de Zapatero, se explica que los monjes han movido los restos en varias ocasiones, sin dejar constancia documental de dichos movimientos.
La Comisión de Justicia del Senado ha citado también al abogado de los familiares de las víctimas, y al presidente de Patrimonio Nacional. El primero ha insistido en la importancia de que el abad dé explicaciones en “una de las sedes de nuestra democracia” y aclare por qué no permite acceder a unas instalaciones de titularidad pública y no protegidas por el Concordato vigente.
Cantera ha basado sus reiteradas negativas en el carácter religioso de las criptas, aunque los jueces las consideran como un cementerio público- y en los posibles daños a las instalaciones, aunque tampoco permite que un equipo de Patrimonio Nacional compruebe científicamente si existen tales riesgos
No hay comentarios:
Publicar un comentario