Europa Laica ha responsabilizado este miércoles al Gobierno de permitir a la iglesia católica vivir en un "paraíso judicial y fiscal", ya que, según asegura la asociación, el Ejecutivo permite que la Conferencia Episcopal Española (CEE) no justifique adecuadamente donde destina el dinero que recibe de la asignación tributaria del IRPF. "El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años", ha señalado la organización.
La entidad española sin ánimo de lucro ha lanzado estas críticas durante la presentación de un informe que analiza la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal de 2016. "Esta memoria es engañosa. La iglesia siempre manipula para engañar al contribuyente y para animar a la gente a poner la cruz en su casilla", ha comentado el presidente de la asociación, Antonio Gómez. En las páginas del documento, la asociación critica que los datos son muy generales y no especifican los gastos, como la retribución de los sacerdotes.
La organización advierte que en dicha memoria "no se han auditado las cuentas de la Iglesia y que la información se ha obtenido "a partir de formularios y reuniones en algunas diócesis y parroquias". Además, Europa Laica ha exigido al Gobierno que pregunte a la CEE en qué se gasta cada diócesis el dinero que recibe (en total 201,7 millones de euros en 2016) y de por qué "con el dinero público se financia anualmente la televisión episcopal 13 TV [9 millones de euros del superávit de 2016]. "Para dar credibilidad a sus cifras, la conferencia se ha basado en el estudio de la auditoría PwC, que ha elaborado un informe de aseguramiento razonable, pero no una auditoría", ha recalcado el autor del análisis, Enrique Ruiz.
La organización valoró la puesta en marcha del Gobierno de Pedro Sánchez de exigir a la Iglesia el listado de las propiedades registradas por obispos y sacerdotes gracias a una ley franquista de 1946. No obstante, Europa Laica ha reclamado que se anulen los bienes registrados a través de dicha ley y que si la Iglesia quiere poner su nombre en aquellos que no sean de dominio público, que siga, como cualquier ciudadano, los procedimientos correspondientes.
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