Han pasado dos meses y medio desde que Mario Monti reconociera en Roma, en una reunión con los corresponsales extranjeros, que su Gobierno no había 'valorado tasar los inmuebles de la Iglesia'. Pues el primer ministro italiano se lo ha pensado mejor y este jueves, durante la celebración del 30º aniversario de la firma del Pacto Lateranense entre Italia y la Santa Sede, se lo comunicó en persona a las autoridades vaticanas.
En realidad, lo que hará el actual Ejecutivo es aclarar una legislación que Silvio Berlusconi se encargó de enmarañar para mantener contentos a los obispos y que no sólo ha dado pie a abusos, sino que ha hecho que el país deje de ingresar una buena cantidad de dinero.
La ley obliga a que el Vaticano pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (ICI en italiano) de todos los edificios que no se dediquen al culto religioso. Pero no hace distinción entre iglesias y otro tipo de edificios que además de albergar, por ejemplo, capillas, se dediquen a fines lucrativos. En este grupo entrarían colegios católicos, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos de oficinas alquilados a empresas que no tienen nada que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.
En cualquier caso, no va a ser una tarea fácil. Para empezar, no hay ningún censo real de las instalaciones que posee la Iglesia en el país. Sí existe un cálculo aproximado gracias a un estudio del Partido Radical (PR), que desde hace años reclama que el Vaticano pague el impuesto como cualquiera. Según sus datos, el clero tiene aproximadamente 50.000 inmuebles, de los que 30.000 incumplen la norma, es decir, no pagan impuestos pese a que no se dedican sólo a la oración.
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