La organización ECA (Ending Clergy Abuse), una de las organizaciones de víctimas de abusos por parte del clero más activas, presente en más de 90 países, ha presentado un compendio de 21 normas que a su juicio debería adoptar el Vaticano si de verdad quiere erradicar el flagelo de la pederastia y los obispos encubridores.
Los miembros de ECA exigen que cualquier hombre del clero que haya sido encontrado culpable de cualquier tipo de agresión o abuso contra un menor, así como cualquier eclesiástico cómplice de mantener en secreto el caso sea “expulsado de su cargo y del oficio del sacerdocio de forma inmediata”.
Las líneas guía están divididas en tres subgrupos que responden a la responsabilidad del obispo, la rendición de cuentas y la transparencia, que son precisamente los ejes temáticos que guiaron los debates de la histórica cumbre sobre la protección de menores que concluyó el domingo con una promesa del Papa para que estos crímenes no vuelvan a repetirse.
También instan a que la documentación e informes sobre las investigaciones canónicas relativas a los casos de abuso sean trasmitidas automáticamente a las instancias de la justicia ordinaria, lo que en la práctica supone el fin del secreto pontificio. Asimismo, pide que sean los órganos jurídicos de cada país los que se hagan cargo de las denuncias de abusos a menores.
También piden al Vaticano que ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que publicó un informe en 2014 en el que le exigía que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”. Las víctimas también solicitan que se elimine la inmunidad de los diplomáticos vaticanos para que puedan así ser juzgados en los lugares donde cometen los delitos.
Igualmente, han propuesto que las Conferencias Episcopales reservan parte de su presupuesto a las indemnizaciones a las víctimas de abusos, algo que ya ejercitan algunos países. Por otro lado, piden que se hagan público todos los registros y archivos con los religiosos que han cometido abusos a menores, incluidos los ya apartados o fallecidos.
Las expectativas de las víctimas quedaron insatisfechas tras las conclusiones presentadas por el Papa después de la cumbre antipederastia. Miguel Hurtado, primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el monje de Montserrat Andreu Soler, las tildó de “bofetada a todas las víctimas”.
En el plazo máximo de uno o dos meses, el Vaticano contará con una nueva legislación para luchar contra los abusos, entre ellos. Esto incluirá un nuevo motu proprio papal sobre la protección de menores y un manual de instrucciones para que los obispos afronten las denuncias y acompañen a las víctimas.
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