Los obispos españoles están preocupados con el nuevo Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Ya tardaron en felicitar al presidente Sánchez y, desde el principio, distintos prelados han mostrado sus temores ante lo que consideran un Ejecutivo "sin conciencia ni firmeza", tal y como apuntó uno de los líderes del rigorismo eclesiástico español (y candidato de Rouco Varela a presidir la Conferencia Episcopal a partir de marzo), el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.
No ha sido el único. Prelados como el cardenal Cañizares ya han advertido de que "el marxismo-comunismo renace y es seguro que va a gobernar", mientras que obispos como el de Castellón han anunciado movilizaciones frente a "iniciativas políticas y legislativas claramente contrarias a la antropología y moral cristianas". Todo ello con el aval de grupos ultracatólicos como HazteOir, que ya presionaron en su día para que el diputado de Teruel Existe votara en contra de la investidura de Sánchez.
La cúpula episcopal se muestra "alerta", y fuentes episcopales asumen que 'la cuestión religiosa' será uno de los temas más recurrentes en la legislatura que acaba de arrancar. Entre las primeras medidas del Ejecutivo se encuentra la reforma educativa, que acabará con la alternativa a la clase de Religión, que además ya no será evaluable; y eliminará el concepto de "demanda social" para los centros concertados. La nueva ley también incluirá el fin de la financiación para los centros que segreguen por sexos.
Más allá de medidas concretas, la principal novedad está en quién coordinará las políticas religiosas en España; se decidió que a partir de ahora sea el Ministerio de Presidencia quien se haga cargo de todo lo relacionado con las relaciones con las confesiones religiosas.
"Corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa", se lee en el Boletín Oficial del Estado.¿Qué supone esto? Que a partir de ahora será la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la que se encargará de todos los aspectos relativos a las relaciones Iglesia-Estado.
Una decisión que ha causado preocupación en el Episcopado, ya que Calvo –como se demostró durante el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos– ha logrado una interlocución directa con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, lo que implica que, siempre que se den diferencias con los obispos españoles –lo que se da por hecho por ambas partes–, el Ejecutivo siempre podrá elevar consultas directamente a Roma.
Y es que las relaciones de la Conferencia Episcopal con Calvo, especialmente a raíz de la gestión de la salida de los restos del dictador, están muy deterioradas. Tampoco eran especialmente buenas con la ya exministra de Justicia, Dolores Delgado, a quien los obispos acusaban de no convocar apenas la Comisión Mixta Iglesia-Estado, encargada de velar por el cumplimiento del Concordato. Ahora, dicha comisión también pasará a Presidencia.
Justicia seguirá encargada de decidir cuándo y cómo se publica el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, y Calvo de los pasos que se adopten después. Además, tendrá a su cargo la aprobación de una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia –presente en el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– y, en su caso, las reformas en distintos aspectos de los Acuerdos Iglesia-Estado, como la asistencia religiosa en hospitales públicos o las Fuerzas Armadas (cuestión por la que ya ha preguntado Compromís en sede parlamentaria) o la gestión de bienes considerados de interés cultural.
En aspectos económicos, el pago del IBI por parte de la Iglesia o la posible apertura de nuevas casillas en el IRPF para atender la financiación de otras religiones (musulmanes y evangélicos, pues los judíos se han negado a ello) también estarán en la cartera de la vicepresidenta Calvo.
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