La Iglesia española está dispuesta a pagar el IBI... pero si también lo hacen ONG, fundaciones o partidos políticos. Así lo señaló este miércoles el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que defendió que los obispos "no quieren privilegios, pero tampoco discriminación". El argumento es que su sistema fiscal se rige por la Ley de Mecenazgo de 2002, y no por los Acuerdos Iglesia-Estado. Un argumento tramposo, pues dicha norma sólo afecta a los bienes para uso litúrgico o eclesial, y no a aquellos por los que la Iglesia obtiene beneficios económicos (garajes, pisos de alquiler, oficinas...), pero por los que no tributa.
"Reconocemos el derecho que tiene el Gobierno a modificar su política fiscal", apuntó Argüello, quien reclamó "que este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si fuera solo un privilegio de la Iglesia". La referencia es inequívoca, y el mensaje, claro: la Iglesia aceptaría pagar el IBI si también lo hacen otras instituciones amparadas, efectivamente, por la Ley de Mecenazgo de 2002.
La cuestión es muy sencilla: el Gobierno no pretende que la Iglesia pague el IBI de sus templos o en actividades relacionadas con el culto, que son los únicos edificios protegidos por la Ley de Mecenazgo... pero sí por aquellos que tengan "actividades económicas", para adecuarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio de 2017 dictaminó que la Iglesia debe pagar sus tasas de bienes inmuebles "cuando realice actividades económicas" que conlleven "beneficios fiscales". Esto ocurre en casas de alquiler, garajes u otro tipo de inmuebles que generen réditos y que, bajo el paraguas de la institución, no han sido objeto del cobro de impuestos.
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