La educación, ni siquiera la más procedimental y aparentemente aséptica, no ha sido nunca ni puede ser ideológicamente neutral. Todas y todos lo sabemos. Le derecha ideológica también lo sabe y, por eso, su supuesto combate contra el adoctrinamiento en la escuela no es otra cosa que la lucha por hacer prevalecer sus propias doctrinas.
La ofensiva ideológica conservadora sabe bien lo que es la hegemonía cultural y, por ende, la lingüística. Como señala Lakoff, la apropiación y perversión de algunos términos que por lo general han formado parte del acervo de los colectivos y grupos más progresistas –libertad, justicia, solidaridad, sostenibilidad… y tantos otros– viene acompañada de la construcción de unos marcos referenciales que sitúan inmediatamente al margen, con una gran dosis de violencia verbal, a quienes manejan otro tipo de marcos o referentes. Así, quien no alude de manera continua a su españolidad será probablemente tildado de antiespañol; quien no invoca a diario la lucha contra el terrorismo puede ser llamado terrorista y quien cuestiona la idea de reducir los impuestos directos es considerado a buen seguro un despilfarrador o un populista. Y así hasta el infinito.
Últimamente y con especial incidencia en el ámbito educativo, algunos líderes políticos y algunas administraciones educativas han comenzado una cruzada contra lo que denominan “adoctrinamiento” en las aulas; cruzada que, por lo general, restringen a ámbitos concretos muy vinculados a la igualdad o la violencia de género; la educación afectivo sexual en sus diversas manifestaciones; la memoria histórica; la educación para la ciudadanía con perspectiva crítica o, con algo menos de intensidad, determinadas cuestiones ligadas a la sostenibilidad como el cambio climático, las crisis energéticas, la depredación de la naturaleza o la pérdida de biodiversidad.
Esta cruzada utiliza estrategias diversas. Algunas son directas. Por ejemplo, la legislativa: allá donde es posible las leyes educativas y, sobre todo, los decretos que regulan el currículo oficial cercenan sutil o burdamente la posibilidad de incorporar estos aprendizajes, los adulteran o los reducen a meras referencias de pasada que nunca tendrán presencia alguna en la evaluación del sistema o en las propuestas de estándares o indicadores sobre lo que de verdad importa. También la presupuestaria y estructural: muchas entidades que apoyan a la escuela en el trabajo de estos contenidos ven reducidas o suprimidas de forma drástica su financiación o son fiscalizadas hasta la extenuación con la excusa de eliminar “chiringuitos”.
Pero también se utilizan estrategias más indirectas: la más frecuente es la movilización de las familias, que son las que asumen la responsabilidad de protestar por un determinado contenido “adoctrinador”; señalar la impertinencia de un material didáctico o denunciar una conferencia o una intervención en clase que no es de su agrado o no responde a sus creencias o convicciones. Esta beligerancia suele disfrazarse además con un ropaje que niega o cuestiona el trabajo de valores en la escuela: la escuela debe instruir, que los valores ya se los enseñamos en casa.
Sin embargo, creo que a pocas personas y aún menos a los profesionales de la educación se nos escapa que son precisamente las posiciones más conservadoras las que van ganando poco a poco terreno en la incorporación al ámbito educativo de sus concepciones ideológicas. La educación, ni siquiera la más procedimental y aparentemente aséptica, no ha sido nunca ni puede ser ideológicamente neutral. Todas y todos lo sabemos. Le derecha ideológica también lo sabe y, por eso, su supuesto combate contra el adoctrinamiento en la escuela no es otra cosa que la lucha por hacer prevalecer sus propias doctrinas.
La enseñanza confesional de la religión –cualquier religión– y la obligatoriedad de ofertarla en todos los centros sostenidos con fondos públicos es, sin lugar a dudas, la manifestación más visible de este proceso de verdadero e indisimulado adoctrinamiento: no se trata de contemplar o de estudiar el hecho religioso como un fenómeno trascendental en el devenir histórico de las sociedades o en su configuración actual, se trata, lisa y llanamente, de impartir doctrina.
La idea de que los profesionales de las fuerzas armadas realicen conferencias, desarrollen actividades supuestamente informativas o provean a los centros educativos de materiales curriculares sobre seguridad nacional no es una ocurrencia inocua del anterior gabinete, como tampoco lo son las concepciones sobre el emprendimiento o la educación financiera que se pretenden trasladar a las aulas desde algunas instancias, por ejemplo, bancarias, directamente o a través de sus fundaciones.
En las áreas y materias que conforman el currículo existen un sinfín de oportunidades para desplegar ideología. Una mirada profunda al currículo o a los libros de texto como la que se realiza desde Ecologistas en Acción nos alerta sobre el sesgo lingüístico de corte antiecológico de las propuestas curriculares tal como suelen ser concretadas por las editoriales a través de los libros de texto y materiales didácticos.
No defendemos el adoctrinamiento en la escuela sea cual sea la concepción ideológica de la que parte. Ni pretendemos reducir esta cuestión a la evidencia del “y tú más”. Pero tampoco podemos dejarnos engañar por quienes achacan a las visiones más progresistas un carácter doctrinario, como una especie de cortina tras la cual esconden sus verdaderas intenciones.
Una educación crítica y comprometida con el entorno es justamente lo contrario del adoctrinamiento. Hacer al alumnado consciente de la calidad de las relaciones entre los seres humanos y de estos con otras especies y la naturaleza no es adoctrinar. Y tampoco lo es analizar conjuntamente problemas y retos que afrontan y afrontarán en el futuro inmediato y a largo plazo nuestras sociedades y nuestro planeta. Ni es adoctrinamiento la valoración crítica de las soluciones que se vienen dando a estos grandes desafíos o la búsqueda de otras, imaginativas, más justas, más equitativas y más solidarias.
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