En las próximas horas o días puede producirse una noticia casi impensable en la Catalunya de los últimos cuarenta años. La Generalitat impone una fuerte multa a la archidiócesis de Barcelona por un funeral en la Sagrada Família por las víctimas de la pandemia. La razón: el incumplimiento de una resolución que prohibía actos religiosos con más de diez personas y que una semana después ha sido modificada.
El Govern heredero de la tradición social-católica de CiU tiene ahora como principal objetivo la independencia y no le importa enfrentarse a la cúpula eclesiástica en desacuerdo por su neutralidad. Pero no lo hace desde una posición laicista sino que sus principales líderes se declaran católicos. Y quien más, el president Quim Torra, que ha expresado sus simpatías por la teología de la liberación y ha señalado como referentes al sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal y al obispo Pere Casaldàliga.
La tensión entre el Govern y los obispos catalanes se venía fraguando desde el convulso cuarto trimestre del 2017 (1-O, DUI, 155, exilios y encarcelamientos), pero ha estallado con motivo del funeral por la Covid-19, focalizando las críticas en el cardenal Joan Josep Omella, que es además presidente de la Conferencia Episcopal Española. Un cargo que hace unos años se hubiera visto positivamente, como una influencia más allá del Ebro, y ahora se percibe como un favor a la unidad de España.
La misa de la Sagrada Família estaba anunciada desde semanas antes, pero el 17 de julio se aprobó una resolución del Procicat que prohibía en el área de Barcelona los servicios religiosos con más de diez personas. De inmediato hubo contactos desde el arzobispado con los consellers Miquel Buch y Alba Vergés, para revertir lo que se consideraba una discriminación respecto al aforo disponible para otros espectáculos. Hubo cartas privadas al president Torra y a la alcaldesa Ada Colau, pero no se avanzó, y el día antes del funeral llegó la confirmación de que el acto no podía celebrarse como estaba previsto. Omella decidió seguir adelante y anunció además un recurso judicial contra la resolución de Salut. Asistieron a la misa 470 personas, menos de la cuarta parte del aforo y menos de las que ese fin de semana habían visitado la basílica, abierta a petición de la propia Generalitat para no perjudicar más al turismo en Barcelona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario