El caso de pederastia en el que está acusado un antiguo sacerdote del seminario menor Santo Tomás Villanueva de Toledo y que el arzobispado de la ciudad desoyó durante cinco años, pese a ser informado de ello, irá finalmente a juicio. La Audiencia de León lo ha reabierto, tal como pedía la Fiscalía, al rechazar el archivo decidido por una juez de instrucción de La Bañeza, localidad en la que se ha llevado el caso por haber tenido allí lugar el primer episodio de abusos denunciado. En un auto muy crítico con la decisión de la magistrada de primera instancia, la Audiencia considera que hay indicios suficientes para continuar con el procedimiento y ordena abrir el sumario. De este modo se declarará el procesamiento del acusado, P.F.R.R., que era director espiritual del centro, y se celebrará el juicio, previsiblemente el año próximo. Los presuntos delitos están castigados con una pena de ocho a doce años de cárcel.
El caso, desvelado por EL PAÍS hace un mes, nace de la denuncia de la víctima en 2016, una vez que fue mayor de edad, y tras comprobar la inacción del arzobispado de Toledo. Según el relato de la Fiscalía, el menor informó en 2009 a otro sacerdote de los abusos, que comenzaron cuando tenía 14 años. Su madre se lo contó luego a varios curas de confianza y al propio arzobispo de entonces, Braulio Rodríguez, en 2010. Pero Rodríguez no tomó ninguna medida hasta que en 2015 lo trasladó a una parroquia de la ciudad, la iglesia de San Ildefonso y santuario de los Sagrados Corazones, donde ha seguido hasta hoy. Según la fiscal, la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo, ante quien relató los hechos, que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”.
Pese a la denuncia, el cura ha seguido en su cargo estos años y ha dirigido retiros espirituales. El nuevo arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, tampoco ha tomado medidas e incluso lo nombró miembro de la vicaría para el clero el año pasado. La archidiócesis explicó el mes pasado que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el anterior arzobispo procedió, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación canónica vigente”. No aclaró si abrió un proceso canónico e informó al Vaticano, como era su obligación.
El chico entró en 2003 en el seminario, un internado de educación secundaria y bachillerato, y a partir de 2004 comenzó a tener relación con el acusado, director espiritual del centro. Sufría problemas de acoso escolar y el cura se convirtió en su persona de confianza, según el relato de la fiscal. A partir de 2006 sus encuentros fueron habituales, con besos y tocamientos hasta que ese verano durmieron juntos, en un viaje al pueblo del menor y luego en el encuentro mundial de familias organizado con motivo de la visita de Benedicto XVI. Le decía que “le besaba como su padre, por lo que no era pecado”, escribe la acusación. El cura le regaló un móvil con 100 euros y hablaban todas las noches. Días después fueron juntos a unos ejercicios espirituales en una residencia de monjas en La Bañeza, León, las Misioneras Apostólicas de la Caridad, en donde el cura ejercía de asesor. En este lugar le llevó a su habitación, introdujo su pene en la boca y le dijo que se masturbara, relata el ministerio público. En los meses sucesivos se repitieron los abusos, también en el seminario menor de Toledo. La situación se mantuvo hasta 2007, cuando el denunciante le dijo al cura que le gustaba una chica y no quería volver a verle. En 2009 el joven tuvo un intercambio de mensajes con el sacerdote que la policía extrajo de su móvil y en el que le recriminaba lo ocurrido. “Realmente no merezco vivir”, le contestó el cura, según consta en la documentación judicial.
La instrucción del caso se ha atascado durante cinco años en los tribunales, pero finalmente se ha desbloqueado. El tribunal discrepa abiertamente del archivo al considerar que “constan en las actuaciones diligencias que, a priori, sí constituyen plurales y serios indicios” contra el acusado. Indica, en primer lugar, la declaración del querellante, llena “de fechas, lugares, circunstancias y todo lujo de detalles sobre la forma en la que, hipotéticamente, se pudieron producir los hechos”. También recuerda que hasta seis informes forenses constatan la credibilidad de la víctima.
Este sacerdote no es el único acusado de abusos que ha pasado por el seminario menor de Toledo. Otro cura, José Luis Galán Muñoz, que está a la espera de juicio por abuso de menores en Talavera de la Reina, era profesor del seminario en los mismos años y fue secretario de estudios. En su caso, una joven le acusó de abusos cuando era director espiritual de su colegio, Hijas de María Nuestra Señora, de Talavera, entre 2010 y 2014. Tras presentar una denuncia, escribió al papa Francisco y al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y solo después el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, abrió un proceso canónico y lo trasladó como capellán a un convento en 2018. Rodríguez también desoyó los abusos de otro sacerdote en Salamanca, condenado en 2014 por un tribunal canónico, cuando era obispo de esta ciudad, entre 1995 y 2002.
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