El director de cine Emilio Ruiz Barrachina lleva, desde el año 2016, envuelto en un proceso penal en la cual el Ministerio de Cultura le acusaba de fraudes en el uso de subvenciones por la película El Discípulo, cinta que fue fuertemente criticada por la Conferencia episcopal y por sectas católicas. Afortunadamente, el lunes, una magistrada, le absolvió de todos los cargos arguyendo, entre otros asuntos, que esta acusación nunca debiera haberse producido ya que no está fundamentada en el derecho de subvenciones.
Pareciera que la película El Discípulo haya sido utilizada como chivo expiatorio de unos procesos de subvenciones muy discutibles donde algunos productores, exhibidores y distribuidores han sido también encausados, en la última década, en diversos procedimientos (por ejemplo, González Macho, Bardem o Emilio Aragón, entre otros). Sin embargo, ninguna acusación había sido tan radical por las penas que se demandaban y por la repercusión mediática como la de la película El Discípulo.
Pareciera que se tratara de tomar un caso como ejemplarizante y la pregunta que nos hacemos algunos es por qué se tomó precisamente a esta película como chivo expiatorio de un procedimiento de subvenciones sinuoso y barroco y que ha afectado a más de cien películas en los últimos años. Y cabe también preguntarse porque determinados funcionarios o fiscales deciden tramitar procedimientos acusatorios sin demasiado fundamento.
En este caso cabe recordar que la película sufrió, desde el principio, fuertes críticas por parte de la Conferencia Episcopal al presentar la película una visión heterodoxa del Jesús histórico muy alejado de la divinidad católica y esto parece ser que, en nuestro país, molesta a mucha gente como molesta meterse con la Semana Santa, con la financiación de la Iglesia católica o con los negocios de la caridad católica. Un país que, recordemos, todavía mantiene la blasfemia en su Código Penal.
En este procedimiento judicial la asociación Europa Laica estuvo presente como testigo alertando al tribunal sobre las acusaciones y sospechas ideológicas y los peligros de éstas para la libertad de expresión y para la libre creación. Antes de emprender una acusación tan fuerte sobre un director convendría fundamentar más la misma ya que sino el propio aparato burocrático y fiscal podría también ser sospechoso de impulsar acusaciones sin fundamento por razones ajenas a la restitución de la ley o del interés público y más bien cegados por razones ideológicas o prejuicios religiosos.
Sabemos de sobra como actúan las sectas en la realidad de las instituciones en España y como han penetrado en las burocracias de los Ministerios y en la Fiscalía y Magistratura. Ya en el año 2000 Javier Moscoso presentó el siguiente Acuerdo al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del 21 de julio de 2000, sobre propuestas de la reforma de la justicia, una propuesta que aun siendo aprobada nunca ha tenido una aplicación práctica: «Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional», en clara referencia a la penetración del Opus Dei en la Magistratura y la Fiscalía
La absolución de todos los cargos de Emilio Ruiz ha significado un gran alivio después de una década de sospechas en círculos profesionales de la industria del cine, sospechas infundadas que sin duda han perjudicado su carrea profesional; pero esta sentencia absolutoria y los premios obtenidos, este mes, en el New York City International Festival por su última película Tristesse, un premio a contracorriente de la gran producción y de la cultura fast food, compensa estos años de proceso inquisitorial que ha sufrido y que, indirectamente, se narra en esta película recién premiada y que animamos a verla.
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