SOBREPRECIOS DIVINOS

Tomado de eldiario.es
 

El precio de misas, bodas y funerales católicos está tasado. Siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal, las cinco diócesis gallegas unificaron las tarifas hace seis años y, formalmente, ningún fiel debería pagar más de lo establecido en la tabla de "ofrendas y tasas parroquiales", en vigor desde marzo de 2014, por la celebración de una misa en recuerdo de un difunto (10 euros), de un matrimonio o de exequias (en ambos casos, un mínimo de 110 euros con un único sacerdote y un sacristán). Esos decretos, disponibles para todos los feligreses y accesibles en las páginas web de los arzobispados, fijan los "topes máximos" de misas, bodas y funerales. Pero en la práctica, suelen considerarse tarifas mínimas, y se aplican "de ahí para arriba", reconoce un párroco consultado. Al considerarlos la Iglesia "donativos", cada párroco tiene libertad de cobrar lo que quiera por esos servicios, al margen de cualquier control fiscal o de las autoridades eclesiásticas. Y son muchos los que piden sobreprecios por administrar los sacramentos a la hora de casarse o de ser enterrado, o simplemente celebrar una homilía por un difunto. Las tarifas por los sepelios suelen ser altas y disparatadas.

Hasta la pasada primavera, en la Costa da Morte, las honras fúnebres costaban de 180 hasta 500 euros, dependiendo del cura que tocase, según funerarias consultadas por elDiario.es. En la comarca coruñesa del Barbanza, superaban, de media, los 200 euros, el doble de la tarifa "máxima" fijada por la Iglesia gallega. Y eran pagos "en mano", sin factura. En Pontevedra, la funeraria Alianza y Barros denunció ante el Arzobispado de Santiago hasta a seis curas por sus sobreprecios y exigencia de ser pagados en efectivo, al margen de cualquier control. En la ciudad de A Coruña es práctica habitual enseñar a la familia la tabla oficial de tarifas y decirle que aporten lo que quieran.

Todo cambió en abril, con el portal digital que las diócesis gallegas instauraron para que las funerarias, encargadas de acordar con los párrocos la celebración de los funerales, abonen las exequias vía transferencia bancaria, de acuerdo con las tarifas establecidas por las autoridades eclesiásticas. Por levantamiento del cadáver y conducción hasta la iglesia o el cementerio, 20 euros; 40 euros por asistencia y aplicación de la misa; 25 euros para el sacristán y otro tanto por el uso del templo. Un mínimo de 110 euros, que se incrementa en 30 euros por cada párroco que asista al sepelio. Una revolución que no fue bien acogida por la mayoría de los sacerdotes gallegos. Hubo mucha protesta interna por tener que renunciar a cobrar en mano y atenerse a los estipendios oficiales. Un grupo de párrocos de la Costa da Morte llegaron a amenazar al Arzobispado con colgar los hábitos si se les impedía seguir, como hasta ahora, cobrando en mano lo que les pareciese. En otras parroquias de A Coruña se pidieron por escrito reuniones con Santiago para tratar de negociar. Pero sin éxito. Se ha generalizado el pago telemático y declarado de las exequias, según confirmaron las funerarias. Aunque sigue habiendo sacerdotes que acuden directamente a las familias de los fallecidos, sobre todo si carecen de póliza de deceso que cubra la siempre abultada factura de los funerales, para pedirles que les pague directamente en efectivo y sin recibo.

"El sistema es positivo, se aplica en general la tabla de tarifas, funciona muy bien", se congratula el responsable de comunicación del Arzobispado de Santiago, Manuel Blanco. Párroco en Ames (A Coruña), reconoce que antes de instaurarse el pago telemático, había abusos y mucho sobreprecios. "Depende de la moral de cada uno, suceden abusos como en cualquier ámbito, y al haber antes un vacío material para pagar los servicios, era más fácil meter la pata", justifica. Blanco asegura que "en la última temporada" cesaron los cobros de sobreprecios por la celebración de sepelios. El pago telemático se instauró en aras de ordenar y hacer más transparentes las cuentas e ingresos de la Iglesia, subraya. Y afirma que, tres meses después, cesaron las protestas de los curas. "Fue una resistencia propia de la novedad y de ajustarse a los tiempos, siempre cuesta hacer las cosas por ordenador".

No obstante, el director de la Oficina de Medios del Arzobispado destaca que los sacerdotes están autorizados a seguir cobrando "en mano" y sin control fiscal las misas, bodas y funerales si así lo desean "las familias que piden redondear al alza" las tarifas estipuladas con el fin de "aportar un donativo a la Iglesia". Los bautismos no figuran formalmente entre los servicios religiosos por los que puede cobrar dinero un sacerdote. "Es a voluntad de la familia", comenta Blanco. Y en el caso de las bodas, la tarifa mínima siempre se encarece por gastos mayores, como limpieza o adornos florales del templo.

Funerarias consultadas por este diario confirmaron que se acotaron los sobreprecios por los funerales. "Se les cortó un poco el grifo, pero con la Iglesia hay que andar con pies de plomo, pueden dificultarnos mucho el día a día y, aunque no tiene el poder de antes, siguen teniéndolo", relata la portavoz de una empresa coruñesa de pompas fúnebres. Hay curas que siguen aceptando el pago telemático y ajustado a las tarifas marcadas por las diócesis solo si el difunto tenía póliza de deceso. En caso contrario, las familias de esas parroquias son llamadas a continuar abonando en efectivo y sin factura lo que le pida el párroco.

En todo caso, la Iglesia gallega hace caso omiso de lo que predica el papa Francisco, fuertemente opuesto a que se cobre a los fieles "por recibir los sacramentos, casarlos, bautizarles o darles la primera comunión" o por un funeral católico. "La misa no se paga, es el sacrificio de Cristo, que es gratuito, la redención es gratuita. Si se quiere hacer una ofrenda, se hace, pero no se paga". El decreto de las diócesis gallegas que fija los "topes" por misas, bodas y funerales contradice al mandamás del Vaticano: justifica que "la Iglesia, para poder llevar a cabo su misión pastoral y evangelizadora, necesita medios económicos que han de provenir de los miembros de la comunidad".