jueves, 25 de febrero de 2021

FRAILES OKUPAS?

Tomado de eldiario.es
 
¿Se han convertido los frailes del Valle de los Caídos en okupas? Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), desde el pasado 2 de octubre, sí. Hace unas semanas la asociación presentó una denuncia sobre posible ocupación ilegal de Cuelgamuros a la Fiscalía General del Estado, que ha remitido la misma a Vicepresidencia del Gobierno, encargada de la gestión de Patrimonio Nacional. Si se confirma la presencia ilegal de los frailes, la vicepresidenta Carmen Calvo podría proceder a la expulsión de la comunidad, algo que según ha podido saber elDiario.es el Gobierno no se plantea por el momento.

La ARMH ha revelado en un comunicado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno una denuncia sobre la posible ocupación ilegal del recinto por parte de los benedictinos desde el pasado 2 de octubre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años sin que se renovara el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos, vigente desde 1958, tal y como obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Ministerio Público ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la que es titular Carmen Calvo. De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone, u opta por negociar un nuevo convenio, algo que según la ARMH "iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil".

En todo caso, las asociaciones memorialistas lamentan que la Fiscalía "actúe como un servicio de mensajería" con el Gobierno, en lugar de "perseguir el incumplimiento de la ley". La ARMH subraya que según la ley sostiene, de no haber sido renovados los acuerdos que permiten la existencia de Cuelgamuros, habrían quedado extinguidos el 2 de octubre del pasado año.

Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada "ilegal" por el Gobierno.

miércoles, 24 de febrero de 2021

LA TÁCTICA ERA CLARA. LO QUE NO SE INVESTIGA, NO EXISTE.

Tomado de elpais.com

La Iglesia española sigue siendo una excepción en el mundo católico occidental a la hora de afrontar el escándalo de los abusos de menores. Mientras en Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda o Alemania se han emprendido investigaciones generales y exhaustivas del pasado, y han salido a la luz miles de víctimas, en España la pasividad y el silencio parecen ser la norma. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha negado a hacer una investigación del pasado y después de que las diócesis abrieran, por orden del Papa, unas oficinas de atención a las víctimas, tampoco ha querido dar información. Solo dijo hace tres meses que las denuncias recibidas eran “cero o muy pocas”. Ante la falta de datos y respuestas, EL PAÍS ha preguntado a las 70 diócesis españolas sobre los casos de abusos de los que tienen constancia, un año después de la apertura de esas oficinas. El resultado supone un primer y tímido avance en la ruptura del silencio: al menos 38 han contestado y 32 de ellas han aceptado informar del número de denuncias que han recibido, aunque la mayoría no contabilizan ninguna. Pero la novedad es que ya hay 15 obispados que admiten 45 casos, entre las denuncias nuevas y las del pasado, 19 de ellas desconocidas hasta ahora por no haber trascendido en los medios.

En Navidad de 2018, en pleno auge del escándalo en España, el Papa Francisco agradeció a los medios de comunicación su trabajo para “desenmascarar a estos lobos y dar voz a las víctimas” y advirtió a los obispos: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”. Dos años después, la Iglesia española aún está lejos de cumplir el deseo del Papa. La Conferencia Episcopal argumenta que no tiene ningún poder ejecutivo, solo de coordinación, y todo depende de cada obispo, que es el dueño absoluto de su diócesis. En la reacción al cuestionario enviado a veces hay un abismo entre unas y otras en cuanto a sensibilidad con el problema. En la mayoría es difícil siquiera saber de la existencia de la oficina de atención a las víctimas en su web. EL PAÍS también ha preguntado si van a investigar sus archivos para revisar el pasado y solo cinco lo han hecho o lo están haciendo: Bilbao, Zamora, Cartagena, Ourense y Solsona. Más Barcelona, que no obstante solo ha llegado hasta 1985. Los obispos siguen siendo muy reticentes a ser transparentes sobre la gestión de los abusos: solo nueve revelan los casos del pasado de los que tienen constancia. Madrid es la diócesis que más se ha volcado en la cuestión, aplica la transparencia al comunicar sus datos por propia iniciativa y, de hecho, es donde más casos han salido a la luz, ocho nuevos y uno registrado en el pasado.

A pesar de las reformas del papa Francisco, las víctimas denuncian que los obispados y la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario del Vaticano, siguen evitando que la información sobre los casos del pasado salga a la luz. Alegan que la decisión papal “no tiene carácter retroactivo”, por lo que los casos denunciados antes de 2019 siguen blindados en los archivos eclesiásticos.

martes, 23 de febrero de 2021

COÑO 2-0 ABOGADOS CRISTIANOS

Tomado de eldiario.es
 
Apenas unos días después de que quedara archivada la causa contra 'Maculadas sin Remedio', la muestra denunciada por Vox y PP, la Audiencia de Sevilla ha confirmado la absolución de las tres mujeres de Sevilla que resultaron ya absueltas en octubre de 2019 por participar en la llamada procesión del 'coño insumiso' el 1 de mayo de 2014 . La Sección Primera ha decidido en una sentencia fechada este 15 de febrero, y contra la que no cabe recurso ordinario alguno, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Asociación Española de Abogados Cristianos, confirmando aquella resolución que amparó aquella manifestación en el debate sobre el aborto en España.

Después de que el Gobierno de España, paralelamente a la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, haya anunciado que planteará una revisión de los delitos "más controvertidos" relacionados con la libertad de expresión para evitar que puedan dar lugar a penas de prisión, las mujeres de Sevilla que llevan años litigando tras aquella marcha han vuelto a ganar en los tribunales. La Audiencia de Sevilla conviene con el magistrado de lo Penal que "la actividad realizada por las acusadas era absolutamente prescindible y gratuita, sobre todo si nos ceñimos al objeto de la reivindicación, cual era una protesta en el contexto social propio de aquellas fechas por el debate sobre el contenido del proyecto sobre la reforma de la ley del aborto", pero consideran los jueces que la sentencia recurrida desgranó unos hechos de los que se desprende la ausencia de un propósito ofensivo.

Se detiene la sentencia de la Audiencia en un detalle: "Incluso cuando las acusadas y sus acompañantes llegan a la altura de la Basílica de la Esperanza Macarena, recoge la sentencia, tal y como se puede observar en el video, simplemente rodean su arco y se ubican mirando en dirección al Parlamento de Andalucía y obvian completamente, porque lo contrario no está acreditado, a los miembros de la hermandad onubense de Nuestra Señora del Mar de Isla Cristina, observándose en el video que nadie se dirige a ellos y, que estos peregrinos, perfectamente identificables por la policía, no lo han sido, ni han sido traídos a juico, unos miraban con asombro y otros incluso riéndose, pero no hay acto de confrontación o provocación añadido".

Según los jueces, "no cabe duda que la forma y las expresiones en que se realiza la supuesta procesión, a parte de innecesarias para los fines perseguidos, pueden ofender los sentimientos religiosos", como así puso de relieve la sentencia de primera instancia, pero "el juzgador considera que no concurre el elemento subjetivo del tipo", es decir, que no hubo intención de ofender. "No consideramos que dicha valoración sea errónea, sino que simplemente el recurrente [Abogados Cristianos] realiza una valoración distinta a la recogida en la sentencia.

lunes, 22 de febrero de 2021

LOS "CASOS AISLADOS" Y LA REALIDAD SE CONTRADICEN

Tomado de elpais.com
 
Cuando Pascual Rodríguez (nombre ficticio) leyó el mes pasado que los jesuitas admitían que miembros de la orden habían abusado de 81 niños en un siglo, sintió que se reabría una vieja herida. Como muchas asociaciones de víctimas, él también pensó que era una cifra “ridícula” y que muchas no figuraban en esa lista. Entre ellas, él. En 2010, denunció a la orden que había sufrido abusos cuando era alumno interno del colegio Inmaculada de los jesuitas, en Alicante, a manos del religioso J. M. M. en el curso de 1957 a 1958. Tenía 12 años. Según su relato, tuvo fiebre y le trasladaron a la enfermería, un dormitorio común donde se alojaban los niños que estaban en tratamiento. En ese lugar vio cómo el acusado, responsable de la instalación, abusaba de un compañero y luego lo hizo de él. Tras su denuncia, la Compañía de Jesús abrió una investigación interna, pero concluyó que no había indicios y la desestimó. No accedieron a la reparación que exigía la víctima y tampoco a retirar al acusado del contacto con niños porque “no existe peligro para los alumnos”. En realidad, Pascual asegura que ya en 1985 fue en persona al colegio e informó al rector y al jefe de estudios de los abusos, pero le ignoraron. También pidió que fuera apartado del contacto con niños. “Pero con el mismo resultado: negación. No tomaron ninguna medida”, explica. El jesuita acusado siguió décadas en el colegio, hasta la actualidad.

Ahora que la Compañía de Jesús ha pedido perdón a las víctimas y presentado su investigación interna, el denunciante cuestiona la validez del informe, pues se pregunta si han valorado todas las denuncias como hicieron con la suya. Según el estudio, a la orden le constan 15 casos en los que un jesuita fue acusado y absuelto, 10 de ellos en los tribunales. Según el testimonio de Pascual, el religioso se sentó en su cama y le realizó tocamientos en el pene: “Recuerdo que el responsable de la enfermería estaba sentado en la cama de otro niño, quizá dos cursos superiores al mío, y tenía un brazo metido en las sábanas de mi compañero mientras hablaba distendidamente, como si no pasara nada. Pensé que le estaba tomando la temperatura, pero pronto comprendí que no, porque hizo lo mismo en mi cama, tocarme el pene. Este suceso me ha acompañado toda mi vida. También me he preguntado a cuántos niños les haría lo mismo durante tantos años, hasta que se cerró el internado en 1980”.

En el daño moral infligido, esta especialista incluía “lo que interpreta como burla y desprecio por la falta de respuesta a su demanda inicial”. Es lo que los expertos han detectado en muchas de las víctimas de abusos en la Iglesia: sufren la llamada victimización secundaria, un nuevo daño al no ser escuchados ni creídos por la institución cuando deciden denunciarlo.

domingo, 21 de febrero de 2021

LAIGLESIA SE VACÍA, PERO LA CULPA ES DEL GOBIERNO

Tomado de infovaticana.org
 
Parece ser que los obispos españoles están preocupados por la disminución del número de asistentes a las misas dominicales después del confinamiento. Lo han notado también en la bajada de la recaudación en los cepillos de las iglesias. Y la cuestión preocupa. La caída podría llegar a un 40%.

Es ya un lugar común decir que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas, y que algunos cambios han llegado ya para quedarse. Son frases hechas y tópicas que se repiten en los periódicos. Sin embargo, no hay nada que haya venido para quedarse que no estuviera ya de alguna forma presente. 

Las iglesias españolas van despoblándose, y encontrar en ellos un menor de cuarenta años, o incluso varones, empieza a ser raro. Según una reciente encuesta del CIS, ya sólo el 57% de los españoles se declaran católicos, diez puntos menos que al inicio de la pandemia, y cuando hace apenas un par de décadas la cifra estaba en torno al 90%. Entre la juventud, la asistencia regular a la misa dominical está por debajo de uno de cada diez. En una reciente encuesta de World Vision y Barna Group, a la pregunta sobre la importancia de la dimensión religiosa en sus vidas, el 60% de los jóvenes entrevistados respondía que poco o nada.

Tampoco el panorama de los curas es mucho más alentador. Rara avis es un celebrante que baje de los sesenta, o de los setenta, o incluso de los ochenta…es decir, sacerdotes jubilados que siguen al pie del cañón, porque falla la “tasa de reposición”. Los seminarios están vacíos, las congregaciones religiosas subsisten gracias a las vocaciones de los países subdesarrollados. Los jesuitas, franciscanos, agustinos y dominicos están en torno a cinco seminaristas en España, muchos menos si contamos sólo a los nativos. Si la tendencia continúa, en quince o veinte años, desaparecerán de nuestro país las que han sido principales órdenes religiosas durante siglos. Por otra parte, los pueblos se quedan sin cura que les diga misa, es decir, en situación análoga a la que antes oíamos contar de los países de misión, donde los fieles tenían que andar 30 kilómetros para recibir los sacramentos.

La situación era excepcional y lo primero, la salud de todos, era lo primero. Lo importante era seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad -el “Ministerio de la Verdad” orweliano-, que se convirtió en gran administrador apostólico: cuándo podrían abrir las iglesias, con qué aforo, en qué horarios y con qué ritual: mascarillas, pasillos, señalizaciones, espaciamiento en los bancos…

En España fueron muy pocas las voces episcopales que se dieron entonces cuenta de lo que todo aquello significaba, del mensaje que se estaba dando a la feligresía con tanto anteponer la salud y tanta sumisión a los dictados del gobierno orweliano.

El primero, naturalmente, que la salud es lo primero, y ante ello, todo lo demás tiene que ceder, incluido el culto divino y los derechos de Dios. Un mensaje sin duda novedoso en la historia de la Iglesia, y que de haberse conocido antes hubiera ahorrado mucho mártir en el Coliseo y mucha madre Teresa atendiendo moribundos contagiosos.

El segundo, es que el gobierno tiene autoridad para abrir y cerrar iglesias y para disponer el orden interior en las mismas. Y si el gobierno puede decidir que no se pueden hacer procesiones el día del Corpus en el atrio de la iglesia, supongo que con más motivo se le está legitimando para que mañana disponga quitar el crucifijo de las escuelas o prohibir la celebración en las calles de la Semana Santa.

El tercero, es que, ante el bien superior de la salud, internet o la televisión suplen sin problema a la asistencia y participación directa en los sacramentos. Y, qué duda cabe, acaba hasta resultando más cómodo: elijo horario, oigo misa en un sofá, y hasta me paso de un canal a otra si el cura me aburre en la homilía. 

Conclusión: una parte de los católicos españoles que tenían el hábito de la asistencia dominical a misa, han perdido esa rutina durante los confinamientos, que están siendo suficientemente largos y frecuentes como para hacernos cambiar de hábitos. Y una vez pasadas las restricciones, casi como que se han acostumbrado ya a que ir a misa pueda ser un poco como a la carta y un poco como cuando apetece.

Así a lo tonto, y aun cuando este resultado estuviera lejos de lo que pretendían los obispos con sus recomendaciones, lo cierto es que hemos acortado algunos años en nuestro caminar hacia una iglesia vaciada. Lo que se nota también en la recaudación de los cepillos. La situación es preocupante.

N.R. por favor, releed los puntos primero, segundo y tercero. Estos tíos son un poco limitados o son una banda de bordes que anteponen sus intereses al de la salud colectiva?. Habla del culto divino y los "derechos" de dios... la asistencia al culto (y el contagio) como una forma de martirio que debe ser preferido al cierre de las iglesias o las limitaciones por la pandemia. Y su preocupación por la recaudación de los cepillos es de pura enfermedad.

viernes, 19 de febrero de 2021

ESPAÑA VACIADA Y ESQUILMADA POR LA IGLESIA

De los datos que aportó recientemente el gobierno sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica, apostólica y romana, se deduce que a ellos no les tembló el pulso a la hora de inscribir todo lo que les pareció. Incluimos la foto de la iglesia de Basarán en la urbanización de Formigal (Estación de esquí del Pirineo Aragonés) en ruina y abandonada fue recuperada y cambiada de sitio, rehabilitada y visitable. El obispado de Jaca tuvo el morro de inscribirla como propiedad. Es solo un ejemplo.

En una provincia tan despoblada como Huesca, la iglesia ha inscrito miles de propiedades. Muchas corresponden a templos, pero otras muchas son edificios, campos, solares, fincas, huertos, almacenes, garajes, complejos deportivos y un largo etc. (incluso en pueblos deshabitados) que nos indica que la Ley Aznar supuso la inmatriculación por la cara, gratis, sin tributar y a costa (la más de las veces) de propiedades municipales o construidas por los moradores de los pueblos.

Os pongo un resumen de las inmatriculaciones en la provincia de Huesca:
Iglesias: 502.  Casas parroquiales: 50. Seminarios:1. Monasterios:1.  

Plantean más dudas...
Cementerios: 130. Ermitas: 87. Archivo: 1. Palacio Episcopal:1.

Por la cara:
Solares: 52. Fincas: 81. Huertos: 11. Propiedades rústicas: 314. Prados:2. Pinar: 1. Viviendas/casas: 6. Edificios: 86. Locales: 7. Almacenes: 3. Garajes: 5. Complejos deportivos: 2. Restaurante: 1

jueves, 18 de febrero de 2021

INMATRICULACIONES Y PROPINAS

Tomado de diario16.com
 
El Gobierno ha abierto la vía para reclamar la titularidad de casi 35.000 inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha dado luz verde a la lista, que promete convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento entre las dos Españas, como ya ocurrió con las desamortizaciones que comenzaron en el siglo XVIII con Godoy. El problema de las “manos muertas” lastra a este país desde tiempos inmemoriales, de hecho siempre ha sido uno de los grandes factores históricos que han llevado a nuestra decadencia y ruina. Es España una sociedad donde los poderes fácticos –nobleza/élites, ejército y clero– han impedido secularmente cualquier tipo de progreso reformista.

Pero más allá de que el problema de la concentración de patrimonio en manos de la curia sea un problema español endémico y secular sin resolver, conviene recordar que ha habido un hombre, ya en democracia, que tomó la decisión de devolver al país a aquel feudalismo religioso que, pese a revoluciones y guerras, no conseguimos quitarnos de encima: José María Aznar. Fue él, como presidente del Gobierno, e inspirado por una filosofía escolástica propia del medievo, quien reformó la ley hipotecaria para que la Iglesia continuara manteniendo intactas todas sus propiedades. Esta legislación permitió a la cúpula católica registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo echar una firma. Es decir, una vuelta a los tiempos en que los obispos acumulaban más poder y más boato que el propio Estado.

Hoy sabemos que de las 34.961 inmatriculaciones eclesiásticas oficialmente censadas, más de 20.000 pertenecen a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y casi 15.000 son terrenos, viviendas, solares o locales. Pero el dato demoledor es que 30.335 de esas propiedades fueron inscritas mediante certificación eclesiástica, tal como permitía la ley Aznar, toda una bicoca o chollo para la Conferencia Episcopal. El asunto no es menor porque está en juego la titularidad del patrimonio histórico del país, como sucede en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un reciente informe elaborado por expertos del Ayuntamiento de la ciudad andaluza ha concluido que la Iglesia nunca ha tenido la propiedad del monumento. No solo por razones jurídicas sino también por el sentimiento de apego de los cordobeses hacia ese emblema de su historia y su cultura, el bien es claramente de dominio público o civil, o sea del Estado, por mucho que la jerarquía eclesiástica se empeñe en incluirlo en el inventario vaticano.

La mezquita fue inmatriculada por la Iglesia católica en 2006 e inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el nombre de Santa Iglesia Catedral, con un gasto de 30 euros (una magnífica ventaja fiscal gracias a la modificación legal realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar). La reforma del PP no solo recuperaba la consideración de fedatarios públicos de los obispos (tal como ocurría con la ley hipotecaria franquista de 1944) sino que les otorgaba capacidad de registrar bienes sin aportar títulos de propiedad.

Ahora, tras la actuación del Gobierno anunciada por Carmen Calvo, las personas físicas y jurídicas pueden tener conocimiento del listado de bienes inmatriculados, lo que será un alivio para todo aquel que crea necesario iniciar acciones legales y recuperar la titularidad de los monumentos y propiedades. “Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no cumplió”.

Un Estado laico y aconfesional no podía seguir permitiendo un privilegio eclesial, por mucho que así haya sido durante siglos pese a los no pocos intentos de desamortización. Aquí ha funcionado durante demasiado tiempo el viejo dicho castellano de “con la Iglesia hemos topado”, y había llegado el momento de poner las cosas en su sitio y acabar con las regalías inmobiliarias del clero. El control de las inmatriculaciones es una buena noticia para el Estado de derecho y ya de paso se podría aprovechar para sancionar a todos esos obispos que se han saltado las listas de espera para ponerse la vacuna contra el coronavirus cuando no les tocaba. Lamentablemente, España es un país que avanza despacio, los cambios se eternizan a lo largo de los tiempos y tardaremos en ver a un ministro de Dios sancionado por traficante de influencias, aprovechado y jeta. Quizá para el próximo siglo.