¿Se han convertido los frailes del Valle de los Caídos en okupas? Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), desde el pasado 2 de octubre, sí. Hace unas semanas la asociación presentó una denuncia sobre posible ocupación ilegal de Cuelgamuros a la Fiscalía General del Estado, que ha remitido la misma a Vicepresidencia del Gobierno, encargada de la gestión de Patrimonio Nacional. Si se confirma la presencia ilegal de los frailes, la vicepresidenta Carmen Calvo podría proceder a la expulsión de la comunidad, algo que según ha podido saber elDiario.es el Gobierno no se plantea por el momento.
La ARMH ha revelado en un comunicado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno una denuncia sobre la posible ocupación ilegal del recinto por parte de los benedictinos desde el pasado 2 de octubre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años sin que se renovara el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos, vigente desde 1958, tal y como obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Ministerio Público ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la que es titular Carmen Calvo. De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone, u opta por negociar un nuevo convenio, algo que según la ARMH "iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil".
En todo caso, las asociaciones memorialistas lamentan que la Fiscalía "actúe como un servicio de mensajería" con el Gobierno, en lugar de "perseguir el incumplimiento de la ley". La ARMH subraya que según la ley sostiene, de no haber sido renovados los acuerdos que permiten la existencia de Cuelgamuros, habrían quedado extinguidos el 2 de octubre del pasado año.
Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada "ilegal" por el Gobierno.
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