La Iglesia española sigue siendo una excepción en el mundo católico occidental a la hora de afrontar el escándalo de los abusos de menores. Mientras en Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda o Alemania se han emprendido investigaciones generales y exhaustivas del pasado, y han salido a la luz miles de víctimas, en España la pasividad y el silencio parecen ser la norma. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha negado a hacer una investigación del pasado y después de que las diócesis abrieran, por orden del Papa, unas oficinas de atención a las víctimas, tampoco ha querido dar información. Solo dijo hace tres meses que las denuncias recibidas eran “cero o muy pocas”. Ante la falta de datos y respuestas, EL PAÍS ha preguntado a las 70 diócesis españolas sobre los casos de abusos de los que tienen constancia, un año después de la apertura de esas oficinas. El resultado supone un primer y tímido avance en la ruptura del silencio: al menos 38 han contestado y 32 de ellas han aceptado informar del número de denuncias que han recibido, aunque la mayoría no contabilizan ninguna. Pero la novedad es que ya hay 15 obispados que admiten 45 casos, entre las denuncias nuevas y las del pasado, 19 de ellas desconocidas hasta ahora por no haber trascendido en los medios.
En Navidad de 2018, en pleno auge del escándalo en España, el Papa Francisco agradeció a los medios de comunicación su trabajo para “desenmascarar a estos lobos y dar voz a las víctimas” y advirtió a los obispos: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”. Dos años después, la Iglesia española aún está lejos de cumplir el deseo del Papa. La Conferencia Episcopal argumenta que no tiene ningún poder ejecutivo, solo de coordinación, y todo depende de cada obispo, que es el dueño absoluto de su diócesis. En la reacción al cuestionario enviado a veces hay un abismo entre unas y otras en cuanto a sensibilidad con el problema. En la mayoría es difícil siquiera saber de la existencia de la oficina de atención a las víctimas en su web. EL PAÍS también ha preguntado si van a investigar sus archivos para revisar el pasado y solo cinco lo han hecho o lo están haciendo: Bilbao, Zamora, Cartagena, Ourense y Solsona. Más Barcelona, que no obstante solo ha llegado hasta 1985. Los obispos siguen siendo muy reticentes a ser transparentes sobre la gestión de los abusos: solo nueve revelan los casos del pasado de los que tienen constancia. Madrid es la diócesis que más se ha volcado en la cuestión, aplica la transparencia al comunicar sus datos por propia iniciativa y, de hecho, es donde más casos han salido a la luz, ocho nuevos y uno registrado en el pasado.
A pesar de las reformas del papa Francisco, las víctimas denuncian que los obispados y la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario del Vaticano, siguen evitando que la información sobre los casos del pasado salga a la luz. Alegan que la decisión papal “no tiene carácter retroactivo”, por lo que los casos denunciados antes de 2019 siguen blindados en los archivos eclesiásticos.
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