Los obispos no entregarán sus archivos referentes a los casos de abusos que se hayan investigado en la Iglesia española, a menos que el Vaticano indique lo contrario, algo bastante improbable. Y la Fiscalía General del Estado no tiene capacidad coercitiva para obligarles. El informe fiscal que pide los datos y más rendición de cuentas a los obispos españoles "es un brindis al sol", justifica un experto en Derecho Canónico consultado por eldiario.es.
¿Por qué? La razón es bien sencilla, y aparece en el punto 6 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 y que tiene rango de ley internacional: "El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas". Esto afecta a investigaciones de abusos sexuales y a cualquier otro expediente o información, como bienes inmatriculados por la Iglesia o información sobre adopciones irregulares en casas cuna y conventos.
En la práctica, esto impide que supervivientes como Francisco Javier, abusado por el cura José Ramos Gordón en La Bañeza, tengan acceso a la investigación canónica que acabó con el destierro del cura durante diez años. O que se sepan los resultados del informe remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 'caso Gaztelueta', que acabó con una condena de cárcel para el profesor numerario del Opus Dei. Pero también impide a las víctimas de los casos de niños robados tener acceso a las partidas de bautismo originales -no las falsificadas. O que se comprueben las órdenes de propiedad de los inmuebles puestos a nombre de la Iglesia católica, ya que muchas de las inmatriculaciones denunciadas también están blindadas.
La cuestión cobra especial importancia esta semana, coincidiendo con el informe presentado por la Fiscalía General del Estado a petición del Ministerio de Justicia, en el que censura la "opacidad" de las instituciones eclesiásticas para ofrecer datos relativos a sus investigaciones internas, e invita a las víctimas a denunciar directamente a la Justicia, y no a la Iglesia, para prescindir de "comprobaciones o filtros internos de verificación". Es decir, para evitar que se gestione el caso de abuso dentro de la Iglesia, sin transparencia ni garantías públicas.
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