Pueden hacerlo por teléfono, por correo electrónico o incluso por carta postal. El caso es contarlo y eso, bien lo saben los expertos, no es fácil. Pero sí necesario. Para conocer la magnitud del problema de la pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa, se necesita primero saber cuántos casos se han producido. Por ello, la comisión independiente creada a finales del año pasado y que analizará los abusos sexuales de religiosos franceses a menores —y a otras personas vulnerables— desde 1950, ha lanzado este lunes un llamamiento para que las víctimas denuncien los hechos.
“Nada podrá hacerse ni cambiarse si no se da primero la palabra a las víctimas. Por eso, llamamos a dar testimonio, para escuchar a los que han sufrido personalmente abusos sexuales o a quienes pueden testificar sobre los abusos sufridos por otras víctimas”, dice el presidente de la Comisión Independiente sobre abusos sexuales en la Iglesia (Ciase, por sus siglas en francés), Jean-Marc Sauvé, en un vídeo con el que ha lanzado su llamamiento.
El exvicepresidente del Consejo de Estado fue elegido por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2018 como jefe de la comisión que deberá arrojar luz sobre el problema de la pederastia en la Iglesia francesa y proponer cómo actuar ante estos casos. Se espera que el informe esté listo a finales de 2020 o principios de 2012. La decisión de crear la Ciase fue tomada en plena tormenta judicial y social: acababa de comenzar el juicio al exobispo de Orleans André Fort, de 83 años, por ocultar un caso de pederastia —acabó siendo condenado a ocho meses de cárcel exentos de cumplimiento— y en el horizonte inmediato se perfilaba otro proceso más mediático aún: el de Philippe Barbarin, el hasta entonces todopoderoso cardenal de Lyon, uno de los bastiones del catolicismo en Francia, que también acabó siendo declarado culpable de haber silenciado los abusos de un cura pederasta confeso.
La Ciase está compuesta por 10 mujeres y 11 hombres, todos elegidos por Sauvé sin intermediación de la Iglesia, asegura este. Son especialistas en derecho penal o canónico, pero también psicólogos, antropólogos, sociólogos o trabajadores sociales. Se trata, acota la Comisión, de un equipo “plural” que incluye “tanto creyentes de todas las confesiones como no creyentes”.
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