La Iglesia española sigue perdiendo tiempo con el escándalo de la pederastia en el clero. Al menos ya se mueve, pero tarde y lentamente. En dos años ha dado un giro notable, de la negación a la admisión. Este jueves la Conferencia Episcopal (CEE) ha presentado por primera vez un informe: reconoce 728 acusados y casi mil víctimas, un total de 927. El salto es relevante, hasta hace dos años eran “cero o muy pocos”.
Cuando EL PAÍS comenzó su investigación, en octubre de 2018, oficialmente existían 34 casos, los que aparecían en hemerotecas o sentencias judiciales. Hoy son casi mil, con casi dos mil víctimas, la mayoría desvelados por este diario y según su recuento, porque la Iglesia no ha querido decir nunca todo lo que sabe. La consigna ha sido callar. Porque solo había otras dos opciones, decir la verdad o mentir. Y la Iglesia no ha querido, ni quiere, decir la verdad.
Como primer paso, ya maneja datos, algo que se decía que era imposible. Era imposible pedir los datos a cada diócesis, la CEE argumentaba que no tenía esa autoridad. De hecho, la primera vez que dio cifras fue en abril de 2021, forzada por la publicación en este periódico de una base de datos con la contabilidad de los casos conocidos, que sigue siendo la única. Pero llegó a alegar que había tenido que pedir los números a la Santa Sede (donde todos los obispados y órdenes estaban obligados desde 2001 a comunicar sus casos), porque en España no había manera de saberlos.
Del mismo modo, nunca se iba a hacer investigación independiente, la Iglesia no iba a ser “proactiva”, y de pronto en 2022 encargó una auditoría a un despacho de abogados. De nuevo, la Iglesia se vio obligada a hacerlo, a los dos meses del primer informe sobre pederastia en el clero de EL PAÍS, entregado al Papa y a la CEE, con 251 casos. Que también hizo que al fin la política tomara cartas en el asunto, con la primera investigación oficial, encomendada por el Congreso al Defensor del Pueblo.
Sin embargo, en este cambio de rumbo de la Iglesia no ha habido ninguna autocrítica, nadie que asuma responsabilidades por la pasividad, la negación del problema y haber ocultado información. Nunca se ha reconocido el papel de los escasos medios que lo han investigado, especialmente este periódico, cuyo trabajo siempre ha sido desdeñado en público. Si no, nunca se habría llegado hasta aquí. Tampoco sin la presión del Vaticano, que obligó a abrir esas oficinas de atención a víctimas de las que han salido por fin los datos del primer informe.
Dicho esto, este primer estudio es un paso insuficiente, lejos de la transparencia. Ni siquiera parte del recuento de casos que ya han salido en los medios, ya contabilizados por EL PAÍS: hoy son 966 acusados y 1.957 víctimas. Luego habría que sumar los que la propia Iglesia conoce de siempre: sus secretos. Están en sus archivos, en las indemnizaciones que ha pagado y constan en sus tesorerías. En este informe no están, solo aparecen los que han recogido las oficinas desde 2019. Los demás, los del pasado, los sigue ocultando. La gran pregunta es si se los dará al bufete que hace la auditoría, prevista para después del verano y que, por otro lado, ya ha adelantado que las víctimas serán “miles”. EL PAÍS pide esa información desde hace casi cinco años, sin respuesta alguna, salvo escasas excepciones.
El informe es muy opaco, no da detalles de lugares y fechas, se difumina deliberadamente la información que haría salir a la luz más víctimas. Además de que impide contabilizarlas adecuadamente, pues no se aclara qué casos son inéditos o ya están registrados. Las diócesis y órdenes de Estados Unidos hacen públicos listados de acusaciones “creíbles” con nombre y apellidos del clérigo, lugar y fecha de los abusos. La experiencia de EL PAÍS es que cada vez que se da información de un caso, al día siguiente aparecen más víctimas, pues hasta ese día pensaban que eran las únicas, o les animaba a contarlo también. El informe de la CEE evita cuidadosamente ese riesgo.
Los obispos insisten en proyectar el interés por las víctimas solo hacia el futuro, en la escucha y la asistencia, pero también debe ser hacia el pasado: saber la verdad y hacer justicia. Pero de eso los obispos no quieren saber nada. No se investigan los casos de acusados fallecidos, que son la gran mayoría. Todo depende del talante de cada obispo o superior. Quien está realmente comprometido, una minoría, investiga, ayuda, se pone a disposición de las víctimas. El resto hace como que hace.
Otro aspecto muy sutil de este informe, pero esencial, es cómo considera a las víctimas. Señala que son testimonios recogidos “sin presuponer ni probar inocencia o culpabilidad”. Es decir, hace equilibrios para contar víctimas (al menos ha dejado de llamarlas “denunciantes”) pero declarando al mismo tiempo que eso no implica que las crea. Habría que ver si esto se les dice tal cual a las personas que acuden a las oficinas: “Mire, no sabemos si dice la verdad o miente, pero tomamos nota”. Si no es verdad, ¿para qué es necesario un acompañamiento espiritual? ¿quizá estas personas se imaginan cosas? Al menos los obispos ya aceptan ponerse a contarlas, pero lo siguiente será asumir que la inmensa mayoría de ellas dice la verdad, no hablan porque quieran hacer daño a la Iglesia, no se levantan después de 50 años y deciden contar una historia que se han inventado. En realidad, la Iglesia ya está pensando en el paso siguiente: si acepta un daño, quizá tenga que pagar por él. Las indemnizaciones son el gran tabú. No se mencionan nunca. La reparación, que debería ser parte central de la cuestión, está ausente. Cada obispo y cada orden hace lo que le parece, según su sensibilidad.
La Iglesia española sigue perdiendo tiempo. En todos los países ha sido igual, una lenta agonía de años desde la negación a empezar a admitirlo con la boca pequeña, haciendo el mínimo indispensable, para terminar confesando toda la verdad y que caiga quien tenga que caer. Porque eso también es lo próximo: aclarar el encubrimiento. Tampoco hay ni palabra de eso en el informe, quiénes protegieron a los pederastas. Este diario ya ha señalado 40 obispos y superiores, sin consecuencias. La prioridad sigue siendo salvar los muebles. La Iglesia solo reconoce un caso cuando se le pilla, ni un minuto antes, nunca sale de ella misma. Que estemos así 20 años más o salga de una vez toda la verdad a la luz depende de la propia Iglesia. Debe decidir si quiere seguir tapándolo o hacer todo lo necesario para que nada quede oculto. Ahora mismo, aún no hace todo lo necesario.
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