Los obispos españoles admiten que al menos 728 miembros de la Iglesia católica están acusados de abusar de menores desde 1945 hasta finales de 2022. Este es el último avance de datos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), aportado este jueves en Madrid en la presentación del informe Para dar luz, el primer documento que presenta la Iglesia en España sobre la pederastia. También ha informado por primera vez del número de víctimas: 927. Todos estos datos solo corresponden a los que han recibido las oficinas de protección del menor de las diócesis y las congregaciones desde 2019, cuando abrieron sus puertas. Este cómputo, por lo tanto, no incluye el número de todos los casos que conoce la Iglesia con anterioridad a ese año, una información que sigue ocultando. Tampoco recogen todos los casos que han recibido por otros canales, como los 503 que EL PAÍS les entregó entre 2021 y 2022 en varios informes. De ese medio millar, los obispos dicen que solo 191 están “siendo estudiados en las oficinas para poder culminar con ellos el proceso pastoral o judicial oportuno”.
No es la primera vez que la Iglesia ofrece una cifra de casos de abusos. En abril de 2021, ante la presión de los medios, reconoció que había 220 denuncias contra sacerdotes por pederastia que habían llegado al Vaticano desde España desde 2001. En marzo de 2022, la Conferencia Episcopal admitió de golpe 506 denuncias en total. Y el pasado marzo, avanzó datos sobre el informe que han hecho público este jueves: al menos 706 miembros de la Iglesia española habían sido acusados de agresiones sexuales a menores.
Estos últimos datos anunciados por los obispos están incorporados en uno de los seis volúmenes que el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, y César Magán le entregaron al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a finales de marzo. Los números de la Iglesia siguen siendo inferiores a las estimaciones de la auditoria que la CEE encargó hace más de un año al bufete de Cremades & Calvo-Sotelo (que calcula que serán “miles” de víctimas cuando finalicen sus trabajos) y la contabilidad que lleva este diario a falta de una oficial: 966 casos y 1.957 víctimas. Como es habitual, la Iglesia no ha informado sobre el número de indemnizaciones que ha pagado a las víctimas ni de los procesos de reparación que pondrán en marcha tras recibir estos centenares de denuncias. Pero todo sigue oculto y es una lotería, no hay ningún criterio de referencia. Otro asunto del que no han hecho mención ha sido las acusaciones contra los obispos que encubrieron, silenciaron o taparon casos de pederastia en sus diócesis. La contabilidad de este periódico señala a más de 40, algunos siguen vivos y ocupan altos cargos dentro de la CEE.
Atendiendo a los datos, del total de 728 casos contabilizados, el informe señala que 283 fueron recibidos en las oficinas diocesanas y 445 en las de las congregaciones. Respecto a la fecha en la que se cometieron los abusos, ordenados por décadas, el documento revela que más del 80% de los casos tuvieron lugar en el siglo pasado, en general antes de 1990. En lo que se refiere al sexo, la mayoría de las víctimas (82%) son varones, al igual que los victimarios (99%). En cuanto a la pertenencia a la Iglesia, más de la mitad de los acusados, un total de 378, son sacerdotes (el 52% del total). Además, hay 208 religiosos o religiosas, 92 laicos y 23 casos en los que el denunciante no supo la condición eclesial del agresor. El 63,5% de los acusados están fallecidos.
Respecto al contexto en el que se produjeron, el 47% de los abusos se produjeron en el ámbito escolar (colegios, institutos, aulas, patio escolar, vestuario, gimnasios); un 15% en el ámbito parroquial (parroquia, iglesia), y un 15% en seminarios, internados o escolanías; y un 7% en ámbitos de ocio y tiempo libre (excursiones, acampadas, peregrinaciones). El resto se distribuye en otros espacios como domicilios familiares, casas religiosas o automóviles.
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